Un juez bloquea la derogación de Trump del plan migratorio que protege a casi 700.000 jóvenes de la deportación

• Ordena a la Administración que acepte peticiones de renovación de los permisos
• El plan de Obama protege a niños llevados a EE.UU. de forma ilegal por sus padres
• Cuatro estados han denunciado su retirada porque daña a sus comunidades
• Trump llama "injusto" al sistema judicial y la Casa Blanca cree que es "indignante"

Un juez bloquea la derogación de Trump del plan migratorio que protege a casi 700.000 jóvenes de la deportación

Un juez de Estados Unidos ha ordenado a la administración de Donald Trump que reactive parcialmente el plan migratorio puesto en marcha por Barack Obama para proteger de la expulsión a los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo niños.

El juez William Alsup, del juzgado del distrito norte de California, ha ordenado que se mantenga la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés) y se sigan tramitando las renovaciones de permisos de trabajo de quienes ya se habían beneficiado del programa, hasta que se hayan resuelto todos los litigios legales pendientes en diferentes tribunales del país.

El magistrado -nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton- califica de "arbitraria y caprichosa" la decisión tomada por Trump el pasado septiembre para acabar con DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo de este año para solucionar la situación de sus beneficiarios. En cualquier caso, su decisión tiene carácter temporal y es susceptible de recurso por parte del Ejecutivo.

Obama promugló el DACA en 2012 con el objetivo de proteger de la deportación a los niños que a los que sus padres llevaron de forma ilegal a EE.UU. Este plan ha concedido permisos de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que estaban en esa situación y que son conocidos como dreamers ("soñadores").

Trump critica la decisión

La decisión judicial ha recibido las críticas de varios responsables de la administración Trump, incluido el propio presidente, que ha cargado contra los magistrados californianos a través de Twitter: "Todo el mundo ve lo injusto y defectuoso que es nuestro sistema judicial cuando la oposición en un caso (como el de DACA) siempre recurre al Noveno Circuito [que incluye a California] y casi siempre gana, para que otros tribunales más altos lo reviertan".

La Casa Blanca, a su vez, ha emitido un comunicado en el que califica de "indignante" la medida adoptada por el juez Alsup y reclama que la gestión del DACA "debe proseguir a través del proceso legislativo normal".

La nota asegura que el presidente está "comprometido con el imperio de la ley" y recalca que Trump "trabajará con miembros de ambos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las decisiones inconstitucionales adoptadas por la anterior administración", en referencia al mandato de Barack Obama.

Por su parte, uno de los portavoces del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, ha asegurado que el Gobierno "continuará defendiendo enérgicamente" en las cortes que el DACA fue promulgado por Obama de forma "ilegal" y, ante ello, "espera hacer valor su posición en futuros litigios".

"Daño irreparable" a familias, escuelas y comunidades

Por el momento, el juez Alsup considera que el Gobierno federal tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA de aquellas personas que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección. Sin embargo, no obliga a aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa.

El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios de DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un "daño irreparable" si la extinción del programa sigue adelante.

Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, que albergan en total a 238.000 "soñadores".

Esos estados alegan que el fin de DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus empresas, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.