La Fiscalía y las defensas se oponen a que Susana Díaz testifique en el juicio de los ERE como pide el PP

• Anticorrupción cree que "no procede" que la presidenta andaluza sea testigo
• Los abogados de los encausados creen que el PP busca la "politización" del juicio
• El tribunal suspende el juicio por la pieza política hasta el 12 de febrero

Los expresidentes andaluces, Chaves (i) y Griñán (2i), junto a los exconsejeros Zarrías y Viera (d)

La Fiscalía y las defensas se han opuesto a la declaración de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como testigo en el primer juicio del caso de los ERE como pidió la semana pasada el Partido Popular en las cuestiones previas. En el banquillo se sientan 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, los predecesores de Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Anticorrupción ha argumentado que "no procede" que la presidenta andaluza testifique en el juicio ni en calidad de responsable del Gabinete Jurídico de la Junta durante su etapa como consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013) ni porque en ese mismo periodo se dictara el decreto que convalidó las ayudas, ya que este fue dictado por la Consejería de Empleo siguiendo recomendaciones aprobadas en el Parlamento.

Las defensas también se han opuesto por considerar "extemporáneo" que se quiera introducir nuevos testigos que no se pidieron en su escrito de acusación.

El abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, ha denunciado que se pretenda una "contaminación política" de este juicio pidiendo que testifiquen "cargos públicos en activos de la Junta de Andalucía" como la actual presidenta, que solo ejerció de consejera de la Presidencia entre 2012 y 2013, un periodo fuera del que comprenden los hechos enjuiciados (2001-2011).

Y ha señalado que las defensas no han pedido citar como testigos a los exministros del Gobierno central Javier Arenas y Eduardo Zaplana o los exdelegados del Gobierno Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido (hoy ministro de Interior) pese a que "conocían las ayudas" sociolaborales a empresas en crisis y de hecho participaron en la subvención del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Estado y la Junta e investigado en una pieza separada.

Las defensas creen que se busca la "politización" del juicio

El abogado de la exsecretaria de Trabajo Lourdes Medina, Manuel Salinero, ha acusado al PP-A de buscar "una politización del juicio" cuando "los partidos políticos deberían dedicar sus recursos a otras cosas".

El PP pidió en sus cuestiones previas citar en total a 31 nuevos testigos -todos ellos rechazados por las defensas-, entre ellos Díaz pero también el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la ayuda concedida al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) siendo él alcalde, un testigo que la Fiscalía sí cree procedente.

Igualmente, el Ministerio Público también considera procedente que testifique la exconsejera de la Presidencia y actual senadora Mar Moreno, que llegó a estar imputada en la causa si bien tras su declaración en el Supremo (al ser aforada) el alto tribunal archivó la causa contra ella.

La Fiscalía apoya que solo se les acuse de prevaricación

El Ministerio Público ha apoyado también una petición de las defensas a la que se sumó la acusación popular de Manos Limpias: que a los procesados sólo se les acuse de prevaricación y, en su caso, malversación pero no de asociación ilícita, un delito que únicamente les atribuye el PP y por el que les pide dos años de cárcel.

Las defensas alegaron que es una "acusación sorpresiva" que no se planteó en la instrucción y ello vulnera su derecho a la defensa.

Las réplicas de las defensas a las cuestiones previas planteadas por las acusaciones se han centrado en rechazar la petición del fiscal al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla para que confirme que aquí se juzga sólo la creación del "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta dio 850 millones en ayudas "sin control" y de forma "arbitraria", con "expresa exclusión" de juzgar la concesión y pago de cada ayuda.

El tribunal que enjuicia la pieza política del caso de los ERE ha suspendido el juicio hasta el próximo 12 de febrero para estudiar las cuestiones previas planteadas por las partes.

Será entonces cuando el magistrado comunicará a acusaciones y defensas si estima o no cada una de las cuestiones previas planteadas por las partes.