Marjaliza declara que se repartió una mordida de 3,6 millones con Granados y López Madrid por obras del metro
- El constructor comparece a petición propia ante el juez de la Audiencia
- Asegura que pagaba comisiones por construir VPO a PSOE, PP e IU
El constructor y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado este miércoles ante el juez instructor que se repartió una comisión de 3,6 millones de euros con el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid por la adjudicación de tres obras de ampliación del metro de la capital española, según han confirmado fuentes jurídicas a TVE. Cada uno de ellos se llevó 1,2 millones, según ha explicado en una declaración a petición propia que ha durado cerca de tres horas en la Audiencia Nacional.
Las obras fueron adjudicadas en 2004 cuando Granados era consejero de Infraestructuras y Transportes en el gobierno que presidía entonces Esperanza Aguirre. Los contratos son los correspondientes al Metro Ligero hasta Boadilla del Monte, al tramo 1-B del Metro Norte y al 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur, según figura en el sumario y adelantó anoche El País.
Marjaliza ha entregado facturas y apuntes contables para detallar cómo se repartieron esta mordida entre los tres, según detalla el diario. El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración citadas por Europa Press, fue que López Madrid, como amigo de Granados, le vendió al constructor una de sus empresas, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.
Comisiones para la adjudicación de vivienda protegida
El presunto cerebro de Púnica también ha confesado ante el instructor Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros por piso a políticos del PP, PSOE e IU a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública.
Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica
Para ello el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.
Apunta a Tomás López como posible adjudicatario
En Parla llegó a pagar 600.000 euros a "un tal José Luis" que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSM Tomás Gómez, a cambio de adjudicaciones. Esta comisión se dividió en 200.000 euros en gastos electorales para el PSOE local y 400.000 en efectivo, según la versión que ha ofrecido.
Según Marjaliza, cuando abonó la comisión de Parla le dijeron que "iba para el jefe", pero ha asegurado desconocer si le llegó a Tomás Gómez el dinero que le entregó a un tal José Luis y tampoco recordaba si era el jefe de gabinete.
De Getafe, ha relatado que los tres partidos (PSOE, PP e IU) se repartían por cuotas la parte de vivienda protegida que era competencia del Ayuntamiento. Aunque en ese momento gobernaba el socialista Pedro Castro, las comisiones las abonó a la representación del PP en el consorcio urbanístico. Igualmente ha explicado al juez instructor de la trama que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo.
Para poder construir en ese municipio tenían que pagar entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda y ha asegurado que "todo el mundo lo hacía" y para remarcar esta idea ha asegurado que no ha conocido a ningún promotor urbanístico que haya conseguido construir vivienda pública sin pagar comisiones.
También ha contado, según Efe, que en una cena entre Granados y otras personas, el exconsejero madrileño les dijo que había metido, en las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que Florentino Pérez se había encargado de lograr que Esperanza Aguirre le cesara como consejero.
Al ser preguntado si se amañaban las obras grandes antes de llegar Granados, ha afirmado que hasta esa fecha nunca se habían dado contratos de obras de envergadura a empresas que no fueran las grandes constructoras.
Posible protección de Interior
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha informado a David Marjaliza que va a solicitar al Ministerio del Interior que evalúe el riesgo al que se enfrenta el empresario para valorar si se le asigna protección tanto a él como a su familia por las amenazas que dice recibir desde hace meses, según han informado a Europa Press fuentes de su entorno.
Marjaliza fue detenido en 2014 junto con otros implicados en la trama de corrupción, entre ellos el que fuera su socio y presunto cabecilla de Púnica, el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados. Más de un año después de ingresar en prisión provisional, el constructor empezó a colaborar con la justicia y posteriormente obtuvo la libertad.
Según han explicado las fuentes consultadas a Europa Press, al finalizar la declaración de Marjaliza este miércoles en la Audiencia Nacional, el instructor del 'caso Púnica' ha comunicado al investigado que va a poner su situación en conocimiento de Interior. Las citadas fuentes han asegurado que ni el empresario ni su abogado habían solicitado tomar medidas de protección, por lo que han sido los primeros sorprendidos por el anuncio del magistrado.