El juez del Supremo rechaza reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont

• Llarena cree que Puigdemont quería forzar su detención para delegar el voto
• La Fiscalía había solicitado al Supremo que reactivase la euroorden de detención
• Puigdemont ha viajado este lunes a Dinamarca para participar en una conferencia
• Así hemos contado minuto a minuto la actualidad relacionada con Cataluña

El Supremo rechaza activar la euroorden de detención contra Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el 'procés', ha rechazado este lunes reactivar la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, tal y como había solicitado la Fiscalía General del Estado después de que viajara a Copenhague desde Bruselas para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.

Ya este domingo, el Ministerio Fiscal había advertido de que si Puigdemont salía de la capital belga solicitaría "inmediatamente" que se activara la orden internacional. A pesar de las advertencias, el expresidente catalán ha viajado este lunes a Copenhague. Se trata de la primera salida de Puigdemont de Bruselas desde que llegara el pasado mes de octubre.

En un auto hecho público este lunes [.pdf], el magistrado le dice al fiscal que encuentra razonable su petición si se contempla que el expresidente catalán se encuentra fuera del territorio nacional, precisamente, para eludir un procedimiento penal en el que se busca determinar sus "responsabilidad" en el proceso soberanista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña el pasado 27 de octubre.

Pero Llarena añade que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta "a un momento no necesariamente lejano".

Llarena cree que Puigdemont quiere delegar el voto

En concreto, el juez Llarena ha alegado dos razones para posponer la reactivación la euroorden. Por un lado, cree que lo que busca Puigdemont con su viaje a Dinamarca es ser detenido para "forzar un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad".

Se refiere así Llarena al exvicepresident Oriol Junqueras y a los diputados Joaquim Form y Jordi Sánchez, a quienes él mismo ha permitido delegar su voto en el Parlament, y que así hicieron la semana pasada cuando la constitución del Parlament.

En su auto, el magistrado señala que "la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención" para "burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria".

De este modo, Llarena considera que si Puigdemont delega su voto, podría participar en la sesión de investidura, en la que se postula para ser reelegido como presidente de Cataluña.

"Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca (...) alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener", añade.

El magistrado cree conveniente esperar

La segunda razón que alega el juez para no cursar la euroorden es que es preferible a su criterio esperar a ponerla en funcionamiento en un momento posterior de su investigación, cuando ésta ya haya sido completada. Así, dice, la entrega por parte del Estado requerido podrá basarse en una completa evaluación de los hechos incriminatorios.

En este segundo motivo, el juez recuerda que mantiene el criterio que ya sostuvo al anular la anterior euroorden emitida a Bélgica, el de evitar que los delitos por los que le sea entregado Puigdemont puedan condicionar el rumbo de su instrucción.

La juez que puso en marcha la orden europea de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica fue la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Llarena retiró esas órdenes de detención el pasado 5 de diciembre.

En su auto de este lunes, el juez se refiere a aquella decisión y señala que la tomó tras constatar que las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del procedimiento, "podían introducir una restricción inaceptable del objeto del proceso".

El Estado requerido podría denegar la entrega por alguno de los delitos requeridos y ello podría suponer "una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentren fugados", explica. Esa previsión, en todo caso, no supone una desconfianza respecto de la actuación jurisdiccional de un Estado en concreto, argumenta el juez.

Se trata más bien de que entre distintas legislaciones existen "lógicas divergencias", pero también de que de la investigación se encuentra en un momento inicial y, cuando haya avanzado, habrá más indicios en los que sostener la petición de entrega por los delitos que se consideren. Ese fue su criterio en diciembre y hoy no ha encontrado motivos para cambiarlo.

La Fiscalía solicitó reactivar la euroorden

El escrito de este lunes de la Fiscalía General del Estado solicitaba al juez Llarena que "a la mayor urgencia" expidiera una orden europea de detención por los delitos de rebelión y sedición (castigados por el código penal danés con penas de hasta cadena perpetua revisable) al amparo de la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea.

"(...) La orden europea de detención deberá ser enviada directamente para su cumplimiento a la autoridad competente para su ejecución en el citado país, concretamente la Fiscalía de Copenhague, y solo para Dinamarca", dice expresamente el escrito de la Fiscalía.

La orden europea de detención actúa de manera similar en Dinamarca que en Bélgica, dado que en ambos países los delitos de rebelión y sedición están previstos por las leyes y en los dos se requiere, para un caso como el de Carles Puigdemont, un examen de la solicitud por la fiscalía antes de detenerle.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recordó que la decisión de reactivar una orden internacional de detención contra Carles Puigdemont competía a los jueces y que el expresidente "está sujeto a un procedimiento judicial en España" y que "fuera de ella, sus movimientos" son "libres".

La Fiscalía danesa rechaza pronunciarse al respecto

Por otro lado, la Fiscalía danesa ha rechazado este lunes pronunciarse sobre una hipotética orden de arresto europea contra Puigdemont. "No tenemos ningún comentario sobre el caso", dijo a Efe Simon Gosvig, portavoz del ministerio fiscal danés.

Si el Supremo español hubiera decidido reactivar la orden, Puigdemont habría sido detenido por la policía danesa y llevado ante un juez, y el fiscal general del Reino de Dinamarca -responsable directo del caso- pediría entonces que le fuera decretada prisión preventiva.

El fiscal reclamaría a las autoridades españolas el envío de la documentación relacionada con el caso y, en base a eso, adoptaría una decisión, que puede ser apelada ante los tribunales.

En los planes del político catalán, está también reunirse este martes con diputados daneses en la sede del Parlamento del país nórdico, según anunció el viernes Magni Arge, miembro de una formación independentista del territorio autónomo de las Islas Feroe. Los partidos de la coalición de Gobierno danesa han anunciado que no acudirán a esa cita, para no involucrarse en asuntos españoles.