El PP madrileño se querella contra Sabanés por la compra de Bicimad

• La querella por malversación y prevaricación incluye al gerente de la EMT
• Creen que los 10,5 millones pagados a Bonopark son "lesivos para las arcas municipales"
• El Ayuntamiento de Madrid defiende que se apoyó en auditorías internas y externas

Un tótem del servicio público de alquler de bicis eléctricas en Madrid.

El grupo municipal del PP ha presentado una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, y contra el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la compra de Bicimad.

El portavoz del PP en el consistorio madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha detallado esta querella, presentada en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, en una rueda de prensa donde ha denunciado que el precio de 10,5 millones pagado a la concesionaria Bonopark es "lesivo para las arcas municipales".

La acusación de malversación, con penas previstas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación durante 6 o 10 años, se sustenta en el posible "sobreprecio" mientras que la de prevaricación, que podría llevar a una inhabilitación por período de 9 a 15 años, se basa en que la decisión de remunicipalizar el servicio se hace sin "informes preceptivos" ni tasación o inventario previo de los bienes.

El PP no entiende los 10,5 millones más IVA pagados ya que el reequilibrio del contrato pedido por Bonopark ascendía a 3,5 millones y las inversiones previstas por la empresa hasta el fin del contrato eran de 7,5 millones; "qué lógica tiene la cesión de un contrato por tres veces más", se ha preguntado el PP. "Lo que no quisieron responder ante los madrileños lo tendrán que hacer ante el juez", ha afirmado el edil.

Sospechas de irregularidades

Martínez Almeida ha explicado que desde el primer momento su grupo tuvo "fundadas sospechas de irregularidades" en la operación y que el "Gobierno de la transparencia" les ha negado las explicaciones pedidas al no aprobar una auditoría externa, negar también una comisión de investigación y no remitir el expediente completo de la cesión del contrato.

El grupo municipal popular ha puesto en conocimiento del juez los últimos datos conocidos sobre la operación, entre los que se incluye un informe que consideran "falseado" por estar firmado por el director financiero de la EMT en septiembre de 2016, fecha en la que ese cargo no existía, según publicó ABC.

Finalmente no incluyen entre sus acusaciones el delito de falsedad documental sino que se limitan a poner estos hechos en conocimiento del juez para que identifique al firmante del informe y sus posibles responsabilidades penales, si las hubiera.

El PP también alude en su querella a la auditoría encargada por el Gobierno municipal cuyo único objeto según esta formación "no es verificar el coste de la cesión sino verificar" el informe hecho "ad-hoc para blanquear irregularidades".

Además, Martínez Almeida ha denunciado que el Ayuntamiento firmó un contrato de confidencialidad con Bonopark y que pese haber criticado los incumplimientos contractuales no incoase expediente alguno y mantenga a esta empresa como socio tecnológico.

Piden una comisión de investigación

Por todo ello, el PP pedirá de nuevo en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación y, a diferencia de lo ocurrido en el mes de noviembre, cuando el PSOE-M votó en contra, esperan que los socialistas madrileños les apoyen y dejen de actuar "de cómplice".

El PP exigirá asimismo que la alcaldesa Manuela Carmena dé explicaciones en una comparecencia al considerar que la regidora es la responsable política última de la operación, que se aprobó en Junta de Gobierno mediante una ampliación y una transferencia de capital.

Martínez Almeida ha criticado a Sabanés por "escudarse" el jueves ante los medios en que como sociedad mercantil la EMT no se rige por el ordenamiento del sector público, una mentira según el PP, y que el Gobierno municipal busque resolver las dudas sobre la operación en el consejo de administración de la EMT, donde la compra sólo se debatió cuatro meses después de haberse firmado.

El Ayuntamiento de Madrid defiende la compra

El Ayuntamiento de Madrid defiende el precio de la compra que hizo de Bicimad tras realizar la propia EMT "numerosos" estudios de Bonopark, además de otras auditorías externas y como "única solución que permitía una continuidad" del servicio de alquiler de bicicletas "sin sobresaltos".

Fuentes municipales han explicado que la valoración de los 10,5 millones la hacen técnicos "cualificados" de la EMT a través de "numerosos estudios y auditorías internas y externas". En este sentido, han puntualizado que la EMT, que también se dedica a trabajos de consultoría a nivel internacional sobre sistemas de transporte público, realizó estudios de Bonopark "en todos sus aspectos" durante siete meses. Y que, además, se tuvo en cuenta diversas auditorías: laboral, operacional, tecnológica, financiera y contable y jurídica.

A este respecto, han añadido que algunas de ellas contaron con auditores externos como la tecnológica, "al ser una de las cuestiones más sensibles para la viabilidad del sistema", o la económica, que es una auditoría independiente encargada por Bonopark y que fue depositada en el registro mercantil.

Dos estimaciones distintas

A la hora de analizar la valoración económica del contrato, se realizaron paralelamente dos estimaciones distintas con el objetivo de minimizar el posible margen de error: una valoración de activos tangibles e intangibles, que se calculó en 9,4 millones de euros; y el valor actual neto de los flujos de caja, que se calculó en 11,1 millones de euros.

"Con las estimaciones de activos concesionales y de valor actual neto, se alcanzó un acuerdo con Bonopark en una cifra intermedia entre estos dos valores y se fijó el precio de transmisión en 10,5 millones de euros", han detallado. El 17 de mayo de 2016 se firmó la cesión del contrato entre Bonopark y EMT, con la cláusula suspensiva de que el Ayuntamiento debía autorizar la cesión del contrato.

La autorización de la cesión del contrato se firmó en octubre de 2016 y se realizó "como las decenas que se realizan cada año en el Ayuntamiento", en las que el Consistorio "no valida el precio al ser un acuerdo entre empresas", han señalado. Dicha cesión fue elevada ante notario.

La cesión del contrato se aprobó en la Comisión Delegada de la EMT de abril de 2016 -esta comisión tiene atribuidas todas las competencias del Consejo de Administración de la EMT desde un acuerdo del Consejo de 2004- y fue en el siguiente Consejo, en septiembre de 2016, cuando se informó de dicho acuerdo. Desde el Ayuntamiento concretan que el consejero del PP no asistió a esta reunión.