El sindicato de funcionarios convoca movilizaciones para exigir una subida salarial mayor a la ofrecida por Montoro

• C-SIF convoca concentraciones el próximo día 31 y una manifestación el 24 de febrero
• Considera "muy escasa" la oferta salarial del Ministerio de Hacienda
• Exige la equiparación con los sueldos de las administraciones autonómicas

La central sindical C-SIF exige la equiparación de sueldos con los empleados públicos autonómicos.

El sindicato de funcionarios C-SIF ha convocado movilizaciones de empleados públicos del Estado en enero y febrero para exigir una subida salarial que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis -que cifran en un 20%-, así como una equiparación de sueldos respecto a los empleados públicos del resto de administraciones.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (C-SIF), Miguel Borra, ha anunciado en una rueda de prensa que habrá concentraciones en toda España el 31 de enero ante las delegaciones del Gobierno, así como una “gran manifestación” en Madrid el 24 de febrero que concluirá delante del Ministerio de Hacienda.

Creen "muy escasa" la oferta salarial de Hacienda

Esta convocatoria de movilizaciones llega tras la reunión que Borra mantuvo este martes con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

En ese encuentro, el ministro volvió a presentar la misma oferta de subida salarial del pasado septiembre, con un alza de hasta el 8% en tres años, con una parte fija del 5,25% y otra vinculada a los objetivos de crecimiento del PIB y reducción del déficit. La parte fija se repartiría con un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2020.

Después de la reunión, Borra ya valoró la oferta como “muy escasa”, además de señalar que es la misma que Hacienda les proponía el pasado septiembre, cuando fue rechazada por los representantes de los funcionarios

Borra ha mantenido esa misma línea este miércoles, cuando ha mostrado su “más absoluto rechazo” a la propuesta y ha indicado que, si Montoro hubiera hecho una oferta mejor que la de septiembre, quizás no habrían convocado las movilizaciones.

En este mismo sentido, el presidente de C-SIF ha asegurado que “hay margen para la negociación”, pero que si el Gobierno “no mueve ficha y no hay mejoras sustanciales”, después de la manifestación del 24 de febrero se reunirán con el resto de organizaciones sindicales y no descartan ninguna posibilidad de protesta.

Equiparar salarios con los de las administraciones autonómicas

En cuanto a las reivindicaciones salariales, el sindicato también pide que, al igual que se va a hacer con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se equiparen los salarios de los empleados públicos de la Administración General del Estado con los del resto de administraciones, al considerar que los salarios de los primeros son “muy inferiores”. C

Con ese objetivo, reclaman al Gobierno que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan fondos adicionales por 600 millones de euros para los próximos tres años.

Otra de las principales peticiones del sindicato de funcionarios es una tasa de reposición del 100%, “para que desde ya evitemos perder más empleados públicos”.

En este sentido, Borra ha recordado que había más de 241.000 empleados públicos en 2010 y que, en la actualidad, hay alrededor de 202.000. “Hay provincias que no llegan a los 500 empleados públicos del Estado”, ha añadido Borra, quien ha destacado también que la plantilla está “extraordinariamente envejecida”, con el 65% de la plantilla por encima de los 50 años.

“Además de los salarios, nos preocupan mucho las plantillas, la calidad de los servicios que damos a los funcionarios y situar a la Administración Pública en el siglo XXI”, ha resumido Borra.

Por eso, C-SIF pide a Hacienda un plan de choque para el empleo en aquellos ámbitos “que son deficitarios, como las comisarías, las oficinas de DNI, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o la Seguridad Social”.

Además, solicitan al Gobierno que se permita a las administraciones que así lo acuerden con sus sindicatos implantar la jornada de 35 horas semanales.