Empleo endurecerá las sanciones a las empresas que hagan contratos temporales sin justificar

• Báñez anuncia que se impondrán tantas multas como contratos indebidos hagan
• La ley actual contempla una única multa al margen de los trabajadores afectados

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que celebren contratos temporales sin causa, de manera que se impongan tantas multas como contratos temporales indebidos haya realizado la compañía y no una única multa independientemente de los trabajadores afectados como se hace ahora.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, la ministra ha dicho que lo planteará a los agentes sociales en la mesa de diálogo social para la calidad en el empleo, en la que los sindicatos ya pidieron una medida de estas características al considerar que el uso fraudulento de la contratación temporal sale casi gratis en la actualidad.

La ministra ha dicho que el Gobierno quiere dar un paso más en la lucha contra la temporalidad porque sigue siendo excesiva y supone un repelente para el talento, además de una distorsión para el mercado.

A su juicio, este tipo de fraude constituye un acto de competencia desleal "que perjudica a la gran mayoría de empresas del país que sí cumplen con la ley". Además, ha defendido que hay que "corregir" el sistema sancionador actual -que está centrado en la infracción y no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados-, porque "detrás de cada contrato temporal en fraude hay un trabajador y una vulneración de sus derechos".

Empleo quiere imponer una multa por cada contrato ilegal

Según han explicado fuentes del Ministerio de Empleo, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social es la que establece como infracción grave el fraude en la contratación temporal con una multa que parte de los 600 euros.

Conforme a la ley, la Inspección de Trabajo plantea una única multa a las empresas pilladas en fraude de ley, añadiéndole como agravante el número de contratos considerados indebidamente temporales, mientras que el cambio propuesto hoy pasaría por imponer una sanción por cada contrato ilegal.

Se trata de que el incumplimiento de la ley le salga más caro a las empresas, razón por la que el Gobierno espera que la medida tenga un importante efecto disuasorio.

En este contexto, la ministra ha destacado la labor de la Inspección de Trabajo, que desde 2012 ha aflorado más de 500.000 empleos irregulares, ha detectado 7.000 empresas ficticias y ha logrado la conversión en indefinidos de casi 350.000 empleos indebidamente temporales.

Más cotizaciones por desempleo a las que hagan más contratos temporales

El anuncio de la ministra para combatir la temporalidad se suma a la propuesta ya trasladada a la mesa de diálogo social el pasado septiembre para implantar un sistema de cotización de "bonus-malus", con el fin de incrementar las cotizaciones sociales por desempleo a las empresas que recurran en mayor medida a la contratación temporal y que tengan una rotación excesiva.

La ministra también ha incidido en que la calidad en el empleo pasa por la formación de los trabajadores, razón por la que el Gobierno también quiere dar un nuevo impulso a la formación profesional dual -que combina formación y trabajo-, a través de una mejora de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje.

Según ha explicado, la mejora consistirá en ampliar la formación vinculada a esos contratos a las necesidades que se puedan detectar en los distintos sectores y empresas a través de la negociación colectiva.

Báñez asegura que la igualdad salarial ya está protegida por ley

Un día después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desatase las críticas de la oposición al responder en una entrevista con un "no nos metados en eso" cuando el periodista le preguntó sobre si multaría a las empresas que no pagan los mismo a hombres y mujeres por el mismo trabajo, la ministra de Empleo ha asegurado que la distinta retribución por igual trabajo ya es ilegal, puesto que la igualdad salarial está protegida por ley.

Báñez ha destacado que la brecha salarial de género se ha reducido en España a mínimos históricos según los datos de Eurostat y que el Gobierno está impulsando iniciativas en este sentido para reducir aún más la brecha, encaminadas a mejorar la transparencia retributiva y la igualdad salarial.

Entre ellas, la obligación de las empresas de ofrecer a sus trabajadores información desagregada por géneros sobre los componentes retributivos y cuantía de la retribución para puestos de trabajo de igual valor. Asimismo, el requerimiento de auditorías salariales en las empresas de más de 250 trabajadores y la ampliación de la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad -hasta ahora solo obligados para las grandes empresas-.