La juez archiva por segunda vez la causa por la muerte de 15 migrantes en el Tarajal en 2014

• Tras constatar que Marruecos no enviará "nunca" la información sobre los cuerpos
• Fueron imputados 16 guardias civiles por presunto homicidio y lesiones
• Interior reconoció el uso de material antidisturbios como pelotas de goma y humo
• Un testigo dice que "no observó ningún comportamiento reprochable penalmente"

Imagen de archivo de los agentes de la Guardia Civil el día de la tragedia en la playa del Tarajal

El juzgado de Ceuta que investiga la muerte de 15 migrantes en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban llegar a nado a España ha decretado el archivo de la causa por segunda vez después de constatar que Marruecos no va a remitir "nunca" la información sobre los cadáveres y las autopsias necesaria para continuar la instrucción y después de que un testigo presencial haya declarado "que no observó ningún comportamiento por parte de los agentes de la Guardia Civil reprochable desde el punto de vista penal". Lo hace en un breve auto de cinco páginas dictado este viernes y contra el que cabe recurso.

En el proceso estuvieron imputados 16 miembros del Instituto Armado, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento, por presuntos delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación. La investigación judicial buscaba esclarecer si el uso de material antidisturbios por parte de los guardias civiles como pelotas de goma y botes de humo -reconocido hace cuatro años por el entonces ministro de Interior- provocó el fallecimiento de estas personas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ya archivó el caso por primera vez en octubre de 2015 pero la Audiencia de Cádiz le ordenó reabrirlo hace un año. La juez instructora Macarena García Recio vuelve a archivarlo ahora tras ser "cumplimentadas" las diligencias que exigió la audiencia provincial: "De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa". La instructora añade, además, que no se pueden realizar más pruebas porque ha "finalizado el plazo de instrucción" según la ley de enjuiciamiento criminal.

Cuando se archivó el caso por primera vez, en octubre de 2015, la entonces titular del juzgado, María del Carmen Serván, acordó el archivo de la causa al no probarse el uso "inadecuado" del material antidisturbios. Un material que se usó, concluyó entonces la instructora, con "efecto disuasorio" en su "función de custodia y vigilancia de la frontera". "Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha", señaló también.

La Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir el caso

En enero de 2017 la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó que se reabriera la investigación tras los recursos de las ONG Asociación Coordinadora de Barrios, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) al considerar que las diligencias realizadas no alcanzaron "los grados de suficiencia y eficacia exigibles".

Entre las diligencias que la Audiencia Provincial de Cádiz señalaba que faltaban se encontraba la falta de cumplimiento por parte de Marruecos de las comisiones rogatorias remitidas por la justicia española. El juzgado volvió a requerir a Rabat que certificara "el número de cadáveres y los informes médicos forenses de los cadáveres hallados en territorio marroquí" y acordó intentar el cumplimiento de dicha comisión rogatoria por medio del Magistrado de Enlace en Marruecos".

Este último, Luis Francisco de Jorge de Mesas, remitió un oficio al juzgado en el que informa de que "cuando se trata de comisiones rogatorias procedentes de Ceuta o Melilla" las autoridades marroquíes "o no contestan o invocan razones de soberanía nacional para no admitirlas". Este escrito, señala la instructora, "permite concluir que la comisión rogatoria que tantas veces ha sido recordada a las autoridades marroquíes no va a ser cumplimentada nunca".

Búsqueda de nuevos testigos de la tragedia del Tarajal

Además de activar la comisión rogatoria a Marruecos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha intentado buscar nuevos testigos de la tragedia del Tarajal pedidos por las partes, pero solo se ha podido deducir testimonio del propuesto por la Abogacía del Estado, un hombre que regenta un kiosko cerca de la playa donde ocurrieron los hechos y que declaró que no vio ningún comportamiento "reprochable desde el punto de vista penal" en los agentes investigados.

La asociación Observatori de Drets Humnas (DESC) solicitó, por su parte, la declaración por videoconferencia de dos migrantes que ahora residen en Alemania y que aseguran que "fueron testigos presenciales y víctimas del incidente", pero no se ha practicado la diligencia porque la Guardia Civil ha informado, a petición de la juez, de que "no consta" que estas dos personas "hayan pasado por territorio español en fechas relativamente recientes o cercanas al 6 de febrero de 2014".

La instructora señala que realizó esta consulta porque la declaración de estas dos personas "serían las únicas que podrían desvirtuar, en su caso, el derecho a la presunción de inocencia de los investigados" a pesar de que "ni siquiera tendrían fuerza suficiente para ello" porque al no encontrarse residiendo legalmente en Alemania no se podrían haber trasladado a España para comparecer ante el juzgado en esta fase de instrucción ni en un futuro juicio.

CEAR lamenta "profundamente" el archivo de la causa

Desde CEAR han lamentado "profundamente" el arhivo de la causa, "un nuevo impedimento para esclarecer las presponsabilidades en la muerte de 15 personas".

El abogado Gonzalo Boye, de la asociación DESC, ha anunciado que tendrán que recurrir el archivo de la causa. "Parece que no hay voluntad de realizar una investigación efectiva", ha escrito a través de su perfil de Twitter.