El juez exige a la Generalitat los correos de exmiembros del Govern y pide explicaciones por su falta de cooperación

• Llarena ha pedido explicaciones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías
• La Guardia Civil informó al juez de que la colaboración no fue completa

La Guardia Civil abandona en coche la sede Omnium Cultural en Barcelona tras el registro efectuado.

El juez del Tribunal Supremo ha pedido explicaciones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña por su falta de cooperación con la Guardia Civil y le ha exigido que ponga a su disposición todos los mensajes de correo de 32 personas vinculadas al proceso independentista que ha solicitado, entre las que se encuentran exmiembros del Govern cesado.

El magistrado, que investiga el caso abierto en el Supremo por el proceso independentista, ha requerido al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña que ponga a su disposición de forma inmediata todos los mensajes que les reclamó la Guardia Civil cumpliendo un auto suyo del pasado 11 de enero.

Es la segunda vez que les pide esa información, después de que la Guardia Civil haya informado al magistrado de que la cooperación del citado centro no fue completa en la primera ocasión.

Por eso, en su providencia de este lunes, el juez ha pedido explicaciones al citado centro de la Generalitat de los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.

Correos de 32 personas vinculadas al 'procès'

En su auto del 11 de enero, dictado dentro de una pieza secreta del sumario, Llarena ordenó "el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica" de los exmiembros del Govern y de la Mesa, empezando por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el exvicepresident Oriol Junqueras.

Además, pidió correos del presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxS), Lluís María Corominas, y de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; así como de la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

En total, los mensajes enviados y recibidos entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 por correo electrónico, tanto personales como por razón de su cargo, de 32 personas, casi todas ellas imputadas en la causa que instruye Llarena por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Además de los correos de los investigados, el magistrado solicitó los mensajes de otras personas vinculadas al proceso independentista como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer --que ayudó a redactar las leyes de desconexión--, el exsecretario de Economía Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresidente Artur Mas Joan Vidal y los directores de las oficinas para el autogobierno Víctor Cullell y Josep María Reniu.

La Guardia Civil no pudo completar la tarea

Cumpliendo la orden del magistrado, la Guardia Civil copió correos de los líderes independentistas de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y también de otros como la líder de ERC Marta Rovira o la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, así como de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Sin embargo, la Guardia Civil no pudo completar su tarea. La providencia de este lunes señala cómo "el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información de la Generalidad de Cataluña no entregó los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones de correo electrónico -personales o por razón de su cargo- que estaban asignadas o que pertenecían a las personas" que se mencionan en el auto.

Por eso se le requieren esos datos al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información de la Generalitat de Cataluña, "para su inmediata puesta a disposición de esta instrucción". Además, el juez le exige que indique "los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido".