Los exconsellers Jané, Munté y Ruiz dicen al juez del Supremo que dimitieron para "no incurrir en ilegalidad"
- Fueron cesados en julio por ser críticos con el referéndum del 1-O
- Han declarado como testigos en la causa que investiga el 'procés'
- Han alegado también razones personales como el cuidado de hijos
Los exconsellers catalanes del Interior, Presidencia y Educación Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz, tres de los exdirigentes de la Generalitat que dimitieron antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), han explicado este martes al juez del Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el 'procés' soberanista, que cesaron de sus cargos para "no incurrir en ilegalidad" y por motivos personales.
Fuentes presentes en el interrogatorio han informado a Europa Press que los tres exmiembros del equipo del expresidente catalán Carles Puigdemont han reconocido que el escenario en Cataluña se estaba complicando y dejaron sus cargos al entender que su función en ese gobierno había terminado. De hecho, han asegurado ante el juez que no han vuelto a tener contacto, ni telefónico ni por correo, con Puigdemont desde que se fue a Bruselas.
Jané, Munté y Ruiz han declarado como testigos en la causa que investiga el juez Llarena y han afirmado que no quisieron participar de la deriva de acontecimientos posterior al referéndum del 1 de octubre, al entender que no se ajustaba a la ley y que tendría "consecuencias" judiciales. Así lo ha manifestado a los periodistas Javier Ortega, abogado de la acusación particular que ejerce VOX, después de que los tres exconsellers han salido del Supremo sin hacer declaraciones a los periodistas.
Fuentes de las defensas han matizado las explicaciones aportadas por los portavoces de este partido y, si bien han aceptado que los tres han asumido que dimitieron porque no compartían la deriva que tomaban los acontecimientos, no han aceptado que hayan calificado tan claramente de ilegalidad las decisiones de la Generalitat.
Tras las declaraciones, que se han prolongado por espacio de dos horas y en las que han estado presentes los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal (exfiscal general del Estado), los tres exconsejeros han abandonado el Tribunal Supremo en taxi y sin contestar a las preguntas de la prensa que les aguardaba a su salida; tan solo Neus Munté ha respondido con un escueto "todo bien, gracias".
En contra de la vía unilateral
En el caso del exresponsable del Interior Jordi Jané, otras fuentes presentes en las declaraciones han explicado que dejó su cargo porque no estaba de acuerdo con la vía unilateral. También ha reconocido que el cese del también conseller Jordi Baiget, el 4 de julio, pesó en su ánimo a la hora de pronunciarse.
Jané ha afirmado que son los mandos de Mossos d'Esquadra quienes diseñan los operativos policiales, como el que se montó en relación con el 1-O, sin que los consellers tengan intervención alguna, dado que su cargo es eminentemente político. De esta forma, el exconseller de Interior ha ratificado la versión de su sucesor Joaquim Forn, al que el Supremo mantiene en prisión preventiva y que, en su declaración judicial, se desvinculó del operativo policial de los Mossos del 1-O
Jané, que ha sido el primero en declarar y lo ha hecho por espacio de una hora, ha recalcado que prueba de las buenas relaciones con el Gobierno central fue el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio --días antes de presentar su dimisión-- en el marco de la Junta de Seguridad en Cataluña por el que se resolvió integrar a los Mossos d'Esquadra en la mesa que coordina la alerta por el yihadismo.
Alegan también razones personales
Neus Munté, ahora presidenta del PDeCAT, que ha dicho que estaba "exhausta" por su papel como consejera de Presidencia, ha destacado que su decisión de dejar el cargo vino determinada por el desborde personal debido a motivos familiares y por la salida de otros miembros del gobierno ante la pérdida de confianza del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, Munté ha dicho al juez Llarena que no compartía el “escenario de desobediencia” que se cernía sobre la convocatoria del referéndum, mientras que Meritxell Ruiz aseguró que dimitió cuando supo “que se había fijado fecha y pregunta del referéndum" y de hecho ha precisado que ella votó sabiendo que la consulta era ilegal.
Ruiz, exconsejera de Educación, ha negado también que recibiera o diera instrucciones concretas para poner los colegios públicos a disposición de la Generalitat como centros de votación del 1-O. Y pese a que ha admitido que en un coloquio en mayo de 2017 aseguró que "se pondrán urnas donde haga falta", ha precisado que su intención no era en ningún momento cometer una ilegalidad.
Tanto Munté como Ruiz han negado asimismo que enviaran al FC Barcelona un mensaje para pedir que pagara parte de la fianza que el Tribunal de Cuentas fijó al expresidente catalán Artur Mas y otros exmiembros del Govern por la consulta del 9-N.
La declaración de los tres es importante para determinar si el Gobierno dirigido por Carles Puigdemont actuó en todo momento de acuerdo con una hoja de ruta predeterminada tiempo antes incluso de la suspensión por el Tribunal Constitucional del referéndum y orientada a la consecución de la independencia por la vía unilateral.
Todos ellos han afirmado que desconocían la existencia del documento Enfocats -considerado la hoja de ruta del 'procés'- y que por lo tanto no han acudido a ninguna reunión vinculada a este.
Este miércoles comparecen nuevos testigos
Estos tres exmiembros del Govern catalán han sido los primeros testigos en declarar, pero a lo largo del miércoles y el jueves también tomará declaración el juez al exconseller Jordi Baiget, el exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que fue responsable del operativo policial que operó durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
En el procedimiento del Supremo se investiga a 28 cargos independentistas, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers de este gabinete, por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.