Cataluña entra en un escenario de vacío legal con un Puigdemont en cuestión

• Este 31 de enero era la fecha límite para celebrar el pleno de investidura
• Torrent aplazó el pleno, sin suspenderlo, abriendo un escenario incierto
• El Estatut dice que para correr plazo debe haber votación fallida
• Además, el TC debe resolver aún el recurso del Gobierno contra la candidatura
• Puigdemont, en un supuesto mensaje de móvil: "Los nuestros nos han sacrificado"

Manifestación en apoyo a Puigdemont.

31 de enero de 2018. Esta era la fecha límite para celebrar la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña, justo 10 días después de la constitución del Parlament, que pusiera fin a un periodo de absoluto desconcierto con una Generalitat intervenida por el artículo 155. Pero este miércoles no habrá votación, como no la hubo este martes. ¿Y ahora qué?

En un escenario nuevo y absolutamente ignoto en España, esa fecha límite se ha desvanecido ante la situación ahora creada con un pleno de investidura que se aplazó, pero no se desconvocó; y ante una decisión del Tribunal Constitucional- que prohibió preventivamente una sesión a distancia- y que admite haber actuado sin que exista precedente alguno por "razones de urgencia excepcional".

Una situación, por tanto, inédita que hace que todo sea interpetable. ¿Empieza a correr el plazo de dos meses para la búsqueda de un nuevo candidato?, ¿cúando habría que convocar nuevas elecciones?

Según establece el artículo 67.3 del Estatut, si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura no ha sido posible elegir al nuevo president, el Parlament queda disuelto "automáticamente".

Pero en este caso no ha habido votación ni suspensión de pleno, por lo que la Mesa del Parlament, de mayoría independentista, entiende que todo queda en 'pause'. Sin una investidura efectiva y real, sea cual sea su resultado, no correrían los tiempos.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, en un juego de equilibrios absoluto, no quiso desobedecer al TC, pero tampoco suspendió el pleno y mantuvo al candidato de la discordia: Carles Puigdemont.

Puigdemont se atrinchera en público pero ¿se rinde en privado?

Un Puigdemont que, en público, este martes se atrincheró en su estrategia de no ceder, pero que en privado reconoce, en unos mensajes de texto enviados a Toni Comín, y dados a conocer este miércoles por Telecinco, que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado" como candidato.

Casi a la misma hora decía, en un mensaje público en redes sociales: "No hay otro candidato posible y no hay otra aritmética posible". ¿Empieza a rendirse en privado? Él ha apelado a que también es "humano" para justificar el momento de 'debilidad', pero ha dicho que ni se "arrugará" ni se "echará atrás".

Así las cosas, la decisión de Torrent supone de facto parar el reloj para la proclamación de un presidente: "El pleno se celebrará cuando esté asegurado que sea un debate efectivo, con garantías y sin injerencias”, sostuvo este martes.

Por otro lado, el único que puede convocar nuevas elecciones autonómicas es el presidente de la Generalitat. No lo hay, así que es una potestad que mantiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue quien convocó las del 21-D.

Podría hacerlo tras ese periodo de dos meses que establece el Estatut para encontrar un nuevo o nueva presidenciable y que no está claro.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este miércoles a Torrent abrir una nueva ronda de contactos para elegir un nuevo candidato y "salvar la situación generada" por Puigdemont.

Los letrados emiten un informe para arrojar luz

Los letrados del Parlament remitirán este miércoles a los diputados, según han confirmado fuentes parlamentarias a TVE, un escrito en el que se "circunscribirán los plazos" y arrojarán luz sobre una situación incierta. La propia Mesa ha solicitado un "escrito aclaratorio" ante la situación creada, según informa Efe.

El Constitucional, por tanto, estableció unas medidas cautelares que efectivamente frenaron al presidente del Parlament a dar el visto bueno a una investidura a distancia, lo que hubiera supuesto una clara desobediencia y puesto más que en peligro a los diputados en libertad provisional, además de generar nuevas responsabilidades penales; pero se trata de unas medidas que frenaron al independentismo y, sobre todo, a Puigdemont, sólo de momento.

Ahora, el Alto tribunal tiene de plazo hasta el 9 de febrero para recibir alegaciones al recurso del Gobierno contra la candidatura de Puigdemont, para posteriormente tomar la decisión de admitirlo o no a trámite. Este extremo fue precisamente el que dividió a los magistrados el pasado sábado en su reunión.

Otro escenario endiablado: el TC admite el recurso del Gobierno, de tal forma que queda suspendida automáticamente esa candidatura de Puigdemont y entonces se busca otro candidato, que finalmente es investido. ¿Qué pasa si luego, al entrar en el fondo del asunto, el mismo TC concluye que Puigdemont sí era un candidato legal?

La judicialización da tiempo a unas fuerzas independentistas divididas

En cualquier caso, la judicialización de esta investidura hace ganar tiempo a unas fuerzas independentistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) que mantienen, a su vez, su propia guerra, cada vez menos soterrada.

Este martes evidenciaron sin disimulo las discrepancias entre el bloque secesionista. ERC sigue apoyando en voz alta a Puigdemont pero cada vez son más las voces internas que piden una investidura "real". La diputada Teresa Jordá ha sido clara este miércoles para decir que "con simbolismos no se gana un país".

Junts per Catalunya y la CUP mostraron su enorme enfado ante la decisión de Torrent de paralizar el pleno, que consideraron "unilateral" por parte de los republicanos.

Los independentistas siguen siendo los únicos capaces de tejer una mayoría parlamentaria y, aunque las relaciones, están tocadas, no se ha producido el divorcio y de forma oficial nadie se atreve a pronunciar los otros presidenciables que circulan por el Parlament desde hace tiempo.

El límite de este 31 de enero ya no es tal, así que las decisiones jurídicas marcarán el futuro de la política catalana.