Nadal prevé una oleada de litigios tras suspenderse el pago a la banca por la indemnización de Castor

• Competencia suspende los pagos a los bancos por sentencia del TC
• El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la inyección de gas en el almacen
• Nadal asegura que el Ejecutivo no tiene previsto elaborar una nueva norma

Fotografía de archivo de la plataforma del almacén subterráneo de gas natural Castor.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varias disposiciones del decreto ley que fijó la indemnización para sus promotores. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que prevé una "enorme litigiosidad" entre operadores privados y entre operadores privados y públicos.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha recordado este miércoles que hay que acatar la sentencia del Constitucional.

"Tenemos una inversión que en su día se había fijado como retribuida y que ahora el Tribunal Constitucional dice que no y, por lo tanto, la CNMC actúa en consecuencia no retribuyendo", ha dicho. "Lo previsible es que haya una enorme litigiosidad entre operadores privados y entre operadores privados y públicos", ha recalcado Nadal.

Competencia elimina el procedimiento de liquidación

La vuelta de tuerca procedimental que Competencia, según la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017 que se ha hecho público este miércoles, indica que, además de paralizar los pagos, los titulares de esos derechos de cobro dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones.

La CNMC, también en cumplimiento de la sentencia sobre el polémico almacen de gas ha eliminado del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista.

La Comisión redistribuye todos los meses el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro en el sistema eléctrico y en el gasista, como transportistas, distribuidores y otros, a través de la liquidación de las actividades reguladas.

Cientos de seísmos en la costa de Vinarós (Castellón)

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Las entidades Santander, Caixabank y Bankia adquirieron el derecho de cobro de la indemnización y son los que ahora la percibían a través de las liquidaciones de la CNMC.

El Constitucional paró el pago de la indemnización

El pasado mes de diciembre el TC anuló varias disposiciones del decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014 por el que se fijó la indemnización para los promotores del almacén.

En opinión del tribunal, no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".

Nadal ha dicho tras su comparecencia en la comisión que el Gobierno no tiene previsto elaborar una nueva norma que sustituya al decreto ley que fijó la indemnización a la sociedad Escal UGS -participada por ACS- por el cese de la actividad del almacén de gas Castor, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Energía está estudiando cómo aplicar la sentencia, que su departamento considera que sólo cuestiona el procedimiento que se utilizó para aprobar la indemnización, pero no concluye que su pago sea indebido.