Energía planteará un cambio legal para que las eléctricas asuman el desmantelamiento de las nucleares

• Actualmente es la empesa pública Enresa la que asume estos trabajos
• Quiere cambiar la retribución de las energéticas para ahorrar 240 millones
• Energía pretende liberalizar la instalación de postes de recarga de electricidad

Imagen de la central nuclear de Santa María de Garoña

El Gobierno quiere que las sean las compañías eléctricas dueñas de las centrales nucleares las que asuman su desmantelamiento en caso de cierre en lugar de que lo haga la pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este miércoles en el Congreso que planteará a la Cortes un cambio normativo en este sentido.

Ante la Comisión de Energía de la Cámara Baja, Nadal ha explicado que las empresas, no obstante, contarían con la parte correspondiente del fondo de Enresa dedicado actualmente a financiar el cierre de las centrales nucleares.

El miembro del Gobierno ha añadido que este fondo, que se nutre de las aportaciones de las eléctricas, depende de su rentabilidad financiera, que se ha visto perjudicada por la bajada de los tipos de interés. Por ello, ha añadido, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre ahora con la de Santa María de Garoña (Burgos), "supone una aportación adicional del sector público".

El ministro ha explicado que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear "es responsabilidad de todos" a través de Enresa, según recoge Efe. Por este motivo, Energía quiere que la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales y de cumplir todas las obligaciones medioambientales pase a sus propietarios.

España cuenta en el actualidad con seis centrales nucleares en activo, cuyas licencias habrá que revisar entre 2020-2027. Tras el cierre de Garoña, el Gobierno ha mostrado su "preocupación" por que las empresas no quieran seguir con su explotación. De hecho, Energía prepara un real decreto que permitirá al Ejecutivo denegar el cierre de una central de generación eléctrica si puede provocar, por ejemplo, una subida en el recibo de la luz.

En el caso de las nucleares quieren abrir la puerta, incluso, a que operadores internacionales puedan entrar en la explotación de estas plantas si las compañías dueñas actuales no quieren seguir con ella, según confirmaron la semana pasada a Europa Press fuentes de fomento.

Revisión de la retribución a las energéticas

Los cambios para que sean las eléctricas las que asuman el desmantelamiento de las nucleares en caso de cierre se haría mediante una proposición de ley que ha elaborado Energía y de la que formaría parte también la revisión de la retribución de las redes de electricidad y gas, según ha explicado Nadal.

Energía planteó inicialmente introducir estos cambios normativos a través de enmiendas en el Senado a la ley de medidas contra la sequía, pero Nadal ha avanzado este miércoles que se podría hacer mediante una proposición de ley que el ministerio ya tiene lista.

Esta revisión de la retribución permitiría ahorrar, según Nadal, hasta 240 millones de euros en el sistema eléctrico y en el gasista. El primero de los ajustes, de algo más de 100 millones, afecta al llamado "factor de retardo", un pago que se realiza por la demora en dos años que se produce para empezar a cobrar por una central. Actualmente se aplica un interés del 10% que el Gobierno quiere rebajar aplicando un índice financiero a dos años.

El segundo ajuste, de unos 70 millones, es una reducción de lo cobrado por las grandes eléctricas por algunos de sus activos, algo que ha propuesto la CNMC tras una petición de pequeños distribuidores y que está pendiente de un recurso de lesividad ante el Tribunal Supremo.

Además, hay otro impacto en el sector eléctrico procedente de una petición de Red Eléctrica, que se encargó de calcular la verdadera eficiencia de las centrales extrapeninsulares y concluyó que puede reducirse entre 15 y 20 millones de euros, según detalla Servimedia.

Nadal ha señalado que, además, en el caso del sector gasístico la CNMC, aunque aún no lo tiene claro, cree que puede darse la necesidad de corregir la valoración de activos previos a 2001, medida que pude tener un impacto que puede ir desde cero, en el caso de que no haya que modificar nada, hasta unos 50 millones de euros.

Energía quiere liberalizar la instalación de postes de recarga de electricidad

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital quiere también liberalizar la instalación de postes de recarga para los vehículos eléctricos y que los barcos y los aviones puedan conectarse a las redes eléctricas de los puertos y los aeropuertos para cargar electricidad.

Hasta ahora, ha explicado Nadal, para suministrar electricidad es necesario ser comercializador eléctrico, por lo que el gestor de un puerto o un aeropuerto no puede vendérsela.

Además, Energía quiere tomar medidas para evitar el fraude en la comercialización de hidrocarburos. El objetivo es exigir más garantías a quienes vendan hidrocarburos para que no puedan defraudar a Hacienda.