Un juez afirma que el 'procés' se financió con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico

• Ve "evidente" que el referéndum del 1-O se pagó con recursos del fondo estatal
• En el auto, el juez responde a la defensa del número 2 de Junqueras, Josep Jove
• El juez señala a personas o entidades en el desvío de gastos para la consulta
• La causa investiga el delito de malversación de caudales públicos

Un juez afirma que el procés se financió con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera que el referéndum del 1-O fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Para el juez, resulta "evidente" que el importe destinado a la celebración del referéndum

Así lo plantea en un auto, en el que se confirma la personación en la causa de la Abogacía del Estado. Responde a la defensa de Josep María Jove, el que fuera número 2 del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los Servicios Jurídicos del Estado en este procedimiento.

El auto tiene fecha de 20 de enero y en él se detalla que la Comunidad Autónoma de Cataluña recibió 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros en 2017.

Señala a personas o entidades en el desvío de gastos

De forma contundente, el juez afirma que las cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que, con el objetivo de celebrar el referéndum del 1-O y ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida, dichos gastos fueron imputados al FLA percibido en el año 2017.

De esta forma, si dicho pago se realizó tanto directamente por la Generalitat como por personas o entidades interpuestas, se hizo "con la finalidad de desviar el rastro de las partidas" dificultando así la investigación. El juez insiste además en que "todo o parte" de los pagos se realizaron a cargo de los créditos del FLA, cuya finalidad era otra.

Recuerda que el FLA fue creado durante la crisis

La resolución, de tres páginas, rechaza este argumento de la defensa de Jové y recuerda que el FLA es una línea de financiación creada por el Gobierno en julio de 2012, en el contexto de la crisis económica, y concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y estas no tengan que financiar su deuda en los mercados pagando unos altos intereses.

El FLA está controlado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, y obliga a las autonomías que se benefician de estos fondos a pagar su deuda con los bancos o entidades financieras.

Todos estos argumentos, a juicio del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, "justifican sobradamente" el interés del Estado en la presunta malversación de caudales públicos, ya que el Tribunal Constitucional prohibió expresamente utilizar dinero público para financiar la consulta ilegal.