El diputado socialista Gutiérrez Limones niega ante el juez haber cometido malversación

• El exalcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla) es investigado por el Tribunal Supremo
• Indaga si se pagaron viajes, entradas y comidas con dinero de una sociedad local
• El PSOE asegura que renunciará a su escaño si se abre juicio oral contra él

Antonio Gutiérrez Limones, a su llegada al Tribunal Supremo.

El diputado del PSOE y exalcalde de Alcalá de Guadaira (Sevilla) Antonio Gutiérrez Limones, investigado en el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con la empresa pública ACM S.A., vinculada al citado Ayuntamiento, ha negado cualquier delito ante el juez.

La declaración de Limones ante el instructor del caso, el magistrado Ignacio Berdugo, ha durado unos 45 minutos y, a su salida, el diputado socialista ha declarado a los medios de comunicación que "he hecho todas las aclaraciones oportunas ante el juez para dejar claro lo que siempre he dicho, que todo se hizo conforme a la ley", ha dicho, satisfecho del resultado de su comparecencia.

El Supremo recibió el pasado mes de junio una exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira que relataba una serie de hechos con apariencia delictiva y también indicios que implicaban en ellos a la citada persona aforada. El alto tribunal pidió un informe a la Fiscalía, que solicitó la apertura de causa penal por posibles delitos de prevaricación y malversación, y se hizo cargo del caso, al ser Gutiérrez Limones aforado por su condición de diputado.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado que el diputado socialista renunciará a su escaño si finalmente el Tribunal Supremo abre juicio oral contra él, en cumplimiento del código ético del partido. Por otra parte, se ha felicitado por el hecho de que Gutiérrez Limones haya podido declarar "y defenderse" porque hasta ahora estaba "en la completa indefensión" con años de la investigación "en barbecho".

Viajes, comidas y entradas a Faunia

El origen de esta causa judicial está en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM S.A. (constituida en 2001 y liquidada en 2013) con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el Grupo Socialista, donde se reconocían abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.

Se trataba de "gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio), Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas".

El juez instructor señalaba además que las pesquisas habían puesto de relieve indicios sobre un viaje a Puerto Rico en el que habrían participado el que fuera gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembro del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, "además de sus respectivas parejas". El viaje, según los investigadores, "se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur", cuyo administrador habría admitido "la falsedad de la mencionada factura".

Mencionaba además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".

Estructura cerrada y coordinada para malversar

La exposición razonada concluía afirmando que había indicios de la existencia de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General) desde "la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público".

El juez señalaba así una "intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas", dada "la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social" de ACM.

Y añadía que de todas estas actuaciones era conocedor directo Gutiérrez Limones, no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública.