Los letrados del Parlament dejan en manos de Torrent los plazos de la investidura en Cataluña

• El informe deja claro que la cuenta atrás de dos meses no se ha activado
• "Al menos hasta la resolución" del TC sobre la investidura de Puigdemont
• El letrado mayor no ha firmado el dictamen, que ya estudia Torrent
• Torrent puede activar los plazos para elecciones o forzar un pleno

Los letrados del Parlament dejan en manos de Torrent los plazos de la investidura en Cataluña

Los letrados del Parlament concluyen que la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente de la Generalitat o convocar nuevas elecciones autonómicas aún no se ha activado, al menos hasta la resolución del Tribunal Constitucional sobre la investidura, y que le corresponde al presidente de la Cámara, Roger Torrent, "activar" el inicio de ese plazo "si se alarga la situación de bloqueo institucional” con posterioridad a la decisión del TC.

Una situación encallada por la imposibilidad de las fuerzas independentistas de dar una salida a la situación de ingobernabilidad creada tras las elecciones del 21-D y a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont.

Los letrados ya han entregado a Torrent el informe (pdf)., al que ha tenido acceso RTVE.es, tras la numerosas discrepancias que ha habido en su seno en el curso de la elaboración del mismo, dada la complejidad de la situación y el limbo legal en el que se encuentra Cataluña, hasta el punto que sólo esta firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, como es habitual.

Torrent puede forzar un pleno "equivalente" a una primera votación

El informe otorga directamente a Torrent la potestad de revertir la situación creada y le propone dos fórmulas: activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara catalana en la que se ponga de manifiesto el bloqueo o forzar un pleno que se entendería como un "acto equivalente" a esa primera votación de investidura y con el que se pondría en marcha el reloj.

En este sentido, los letrados aluden al precedente del dictamen del Consejo de Estado respecto a lo ocurrido en la Asamblea de Madrid en 2003, con el llamado "Tamayazo".

Los letrados apuntan a Torrent estas posibles soluciones "sin perjuicio de su capacidad para iniciar una nueva ronda de consultas con los grupos políticos para formular nuevas propuestas".

Y le lanzan una clara advertencia al también diputado de ERC: "En caso de que el presidente no impulse ese acto equivalente a una votación fallida, sin justificación objetiva y en un plazo razonable de tiempo, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente por medio de los instrumentos correspondientes".

Este órgano jurídico, cuyos informes no son vinculantes, deja claro que al no haberse producido la votación el pasado día 30 de enero, cuando Torrent aplazó pero no suspendió ese pleno de investidura, no ha empezado a correr el tiempo establecido. Cree que el aplazamiento de la sesión de investidura "no se produce como consecuencia de una voluntad deliberada, sino de la decisión de un órgano externo al Parlament", en este caso el Constitucional, por el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

A la espera de lo que determine el TC sobre el recurso del Gobierno

Por lo tanto, prosigue, "mientras no recaiga una decisión de la impugnación presentada por el Gobierno, se puede considerar suspendido el plazo de diez días para la presentación al pleno, al menos hasta la resolución que acuerde la admisión o no de la impugnación del Gobierno del Estado".

A su juicio, la decisión del TC "puede afectar a la viabilidad de la candidatura (de Carles Puigdemont) desde el punto de vista jurídico y eso hace necesario esperar para ver su contenido y los términos concretos en que se produce, para valorar los efectos".

Según los letrados, las disposiciones estatutarias y legales no permiten considerar que el hecho de que hayan transcurrido los diez días para presentar un candidato suponga en consecuencia el inicio del plazo de dos meses para la disolución anticipada del Parlament.

Algo que supondría una "interpretación extensiva, con perjuicio de los derechos fundamentales de los miembros de la Cámara, y pondría en manos del presidente del Parlament un instrumento exorbitante" y "desfiguraría su papel institucional".

El Gobierno espera que se proponga a un candidato "legal"

Tras conocer el informe de los letrados, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que Torrent debe proponer a una candidato "que se mueva dentro de los cauces establecidos por el Tribunal Constitucional" y espera que lo haga "lo antes posible" porque es una cuestión de "sentido común".

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado que el president del Parlament dispone ahora de "herramientas" para desbloquear la crisis y le insta a proponer un candidato "posible y normal", según informa Efe.

El PSOE aboga también por el desbloqueo y piden "ya" un presidente "viable": "Llevamos cien días y ¡cien días más, no!", ha aseverado la portavoz de Igualdad, Carmen Calvo.