Asociaciones de mujeres anuncian una ofensiva para denunciar ante el CGPJ los casos de maltrato judicial
- Yolanda Besteiro: "Aquellos jueces con prejuicios no pueden juzgar estos casos"
- Piden la supervisión de los juzgados que deniegan muchas órdenes de alejamiento
- Exigen que el Estado asuma la "reparación" cuando haya nuevas agresiones
- Las primeras quejas son contra los juzgados especializados de Sagunto y Arganda
- La juez de Arganda ve un "ataque a su independencia" y pide amparo al CGPJ
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Asociaciones de mujeres presentes en el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial dicen de estar "cansadas" de llevar años alertando del maltrato judicial que sufren muchas víctimas de violencia de género en los juzgados, incluso especializados, sin que se tomen medidas. Por eso han decidido pasar a la acción y presentar a partir de ahora quejas formales ante la comisión disciplinaria del CGPJ para que se estudien estos casos y apartar a aquellos magistrados con "prejuicios" contra estas mujeres.
Exigen, además, que se supervisen los juzgados con un alto porcentaje de denegaciones de órdenes de protección -por encima del 75%- y que el Estado asuma como responsable la reparación del daño si una mujer sufre una nueva agresión tras acudir a la justicia.
"Estamos un poco cansadas de reclamar una y otra vez la necesidad de formación, además de que aquellos jueces que tienen prejuicios no pueden juzgar casos de violencia de género", ha subrayado este lunes la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, en rueda de prensa junto a las representantes de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Asociación de Mujeres Opañel y Comisión de Investigación Malos Tratos. Todas ellas han arropado a Isabel López, una víctima que ha dado el paso de denunciar públicamente el maltrato judicial que, asegura, ha sufrido durante su procedimiento.
"Lo que vamos a hacer para no exponer a las víctimas, es ir recopilando los casos e iremos formulando las oportunas quejas ante el CGPJ", ha explicado Besteiro, que ha lamentado la "inacción" y la "falta de respuesta", en su opinión, del órgano de gobierno de los jueces en todo este tiempo.
El pasado 10 de enero ya se presentó una queja contra el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Uno y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia) después de recibir numerosas quejas de víctimas por sus "actitudes arrogantes y autoritarias; faltas de respeto y consideración y nula empatía" para que el CGPJ le advierta de la "necesidad de modificar estas actitudes" y le obligue a participar en cursos de formación.
"No pueden seguir animándonos a denunciar si no nos garantizan protección"
Ahora van a respaldar la queja contra la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey, en Madrid, de Isabel López, cuyo caso fue detallado por RTVE.es el pasado viernes. En abril de 2014 Isabel denunció a su expareja -condenado en firme el pasado mes de octubre por la Audiencia de Madrid a 2 años, 9 meses y un día de cárcel- pero salió imputada del juzgado porque él la denunción también, con una orden de alejamiento mutuo y la obligación de entregar a su bebé de 18 meses al ser fin de semana. Ella ha sido absuelta pero su expareja tiene un amplio régimen de visitas para ver a la pequeña, que ahora tiene 5 años.
"Pasamos del maltrato en casa al maltrato judicial", ha sentenciado en la rueda de prensa López, que ha explicado que hacer público su caso es una "decisión personal" porque prefiere "morir de pie que vivir de rodillas". Esta mujer ha subrayado la sensación que tiene de haberse salvado ella al denunciar "a costa de sacrificar a su hija" porque vive con la "eterna angustia" de saber cuándo entrega a la niña pero no si se la va a "devolver viva".
"Entregan al maltratador el arma más poderosa para seguir maltratándonos", ha señalado en alusión a que hombres condenados en firme puedan seguir viendo a sus hijos. "No pueden seguir animándonos a denunciar si no nos garantizan protección", ha resumido esta mujer.
En el escrito de apoyo a la denuncia de Isabel López, las asociaciones que la han arropado reclaman que se "tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios, contra la mujer, y juzgando olvidan principios esenciales entre los que hay que destacar la independencia, sin la cual resulta imposible impartir justicia".
La juez de Arganda defiende su actuación
Según ha informado este mismo lunes por la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la titular del juzgado de Arganda solicitó amparo ante el CGPJ el pasado viernes ante "lo que considera un ataque a su independencia" como consecuencia "de las informaciones vertidas acerca de su órgano judicial" en los medios de comunicación que han contado el caso de Isabel.
En una breve nota, el TSJM señala que la magistrada defiende que "todas y cada una de las resoluciones adoptadas" respecto a esta víctima "fueron confirmadas" por la Audiencia de Madrid "de acuerdo también con lo interesado por el Ministerio Fiscal".
Por último, la juez señala que "sus actuaciones judiciales se han llevado a cabo con escrupuloso respeto a la legislación vigente tratando de buscar la máxima objetividad e imparcialidad ante las posturas enfrentadas de las partes".
La semana pasada, RTVE.es intentó recabar sin éxito a través de teléfono y correo electrónico la postura del juzgado especializado de Arganda del Rey antes de publicar la denuncia de Isabel López en un reportaje sobre el maltrato judicial.
Reparación del daño por parte del Estado y evaluación de los juzgados
En la rueda de prensa, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha reconocido que hay juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer que lo están haciendo bien, pero ha subrayado que lo que no se puede encontrar una víctima cuando denuncia es una "falta de garantía" de que se la va a proteger.
Esa "mala respuesta judicial", advierte esta jurista, "va seguida de un daño muy grave para la vida de esa mujer y sus hijos" menores si los tiene. En este sentido, ha pedido que sea el Estado el que se haga cargo de la "reparación" en el caso de víctimas que han denunciado y que no han sido convenientemente protegidas y han vuelto a sufrir una agresión.
"Cuando una mujer víctima sufra una nueva lesión, el Estado debería responder sobre el daño producido de forma universal", ha añadido Soleto, quien cree que así se evitaría que las víctimas y sus familias se vean envueltas en un "laberinto judicial". "Es un tipo de terrorismo, el Estado debe responder cuando el sistema judicial falla".
Al respecto, la directora de la Fundación Mujeres insiste en la necesidad de que el CGPJ haga una evaluación -si es necesario con medios independientes- de los juzgados que superan el 75% de las órdenes de protección denegadas. Las estadísticas, asegura, están ahí porque son del propio CGPJ, pero asegura que no ha habido respuesta.
Themis: "La mujer no siente la tutela judicial efectiva"
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, denuncia que tras esperar años en atreverse a denunciar la mujer "no siente la tutela judicial efectiva" y se encuentra en un juzgado en el que se le pide que "vaya al grano o se centre en el delito" porque se juzga la última agresión y no se le deja explicarse sobre los malos tratos sufridos a lo largo de esa relación.
Ante esa situación, añade Fernández, muchas víctimas se bloquean en estos juicios rápidos "encorchetados" y la denuncia acaba archivada, lo que hace que "el agresor se haga cada vez más fuerte". La representante de Themis también alerta de la falta de formación en género de los abogados del turno de oficio, sobre la aceptación de las denuncias cruzadas como la que sufrió Isabel López y sobre la aceptación por parte de algunos jueces del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), que ha sido rechazado científicamente.
Amalia Fernández se ha quejado también que desde los medios de comunicación se incida en si la víctima había denunciado o no cuando hay asesinatos machistas: "La víctima es víctima porque la han asesinado, no tienen por qué denunciar, lo único que tienen que hacer es recibir protección".
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha destacado la necesidad de que "no haya un solo juez que no tenga conocimiento sobre qué es la violencia de género" ya que "no se puede decir que este país está cambiando" mientras sean asesinadas decenas de mujeres cada año a manos de sus parejas o exparejas.
La ministra de Sanidad lanza "un mensaje de tranquilidad"
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat ha enviado un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que "todos los jueces y agentes que participan en los juzgados de violencia de género son personas con formación y concienciadas en la lucha contra la violencia", aunque se irá "mejorando" esa preparación con la aplicación del Pacto de Estado al respecto.
Montserrat se expresaba así en declaraciones a los medios en su ministerio, donde ha suscrito un convenio de colaboración con la SEPI, al ser preguntada por la denuncia que han elevado diversas asociaciones de mujeres en relación al "maltrato judicial" que padecen las víctimas de violencia de género.
"El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge un eje específico (de medidas) de formación de todos los agentes que luchan contra la violencia de género y por tanto, también de formación de los jueces y de todos los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia para ir mejorando cada día más el trato, el servicio, el apoyo a las víctimas de violencia", ha señalado la ministra.