Granados implica a Aguirre, González y Cifuentes en la presunta financiación irregular del PP de Madrid

• Declara que Aguirre tenía una campaña "paralela" pagada con dinero público
• Apunta a que Ignacio González fue quien dirigió "en una primera fase" esa campaña
• También señala a Cifuentes como conocedora de la supuesta caja b del partido
• Granados declara a petición propia por la presunta financiación ilegal del PP

Granados dice que González dirigía la "caja B" de Aguirre y que Cifuentes la conocía

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha acusado este lunes a Esperanza Aguirre de controlar la financiación irregular del PP de Madrid, y en concreto aseguró en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que tuvo una campaña de refuerzo “paralela” a la campaña diseñada por el PP en los comicios autonómicos de 2007 y 2011, que se financiaba en b y que controlaban Ignacio González y Cristina Cifuentes, aunque Granados no ha aportado ninguna prueba ni documentación al respecto sobre esta acusación.

El presunto cabecilla de la trama Púnica dijo que el “núcleo de control” de ese sistema irregular de financiación estaba formado por la propia Esperanza Aguirre, que pilotaba todo el sistema; Ignacio González, su mano derecha y luego sucesor al frente de la Presidencia de la comunidad, y Cristina Cifuentes, a la que sitúa dentro de esa cúpula por haber mantenido, dijo, una relación “sentimental” con González.

Además de estos tres, formaban parte de ese grupo de poder, añadió, Borja Sarasola, coordinador de la campaña; Isabel Gallego, directora de Comunicación, y José María de la Uz, según recoge Servimedia.

Un sistema orquestado desde 2003

Según lo declarado por Granados, esas campañas para las autonómicas se financiaron por vías legales y estuvieron bajo control del tesorero del PP Beltrán Gutiérrez. Pero tuvo además una financiación “paralela” cuyo control estaba en manos de González y Cifuentes y que se basaba en la contratación fraudulenta de publicidad por parte de empresas públicas como el Canal de Isabel II o ICM que pagaron comisiones.

Según explicó al juez durante tres horas el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, este sistema de financiación se comenzó a orquestar en 2003, cuando él era consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y acabó en 2011, con él en la Consejería de Presidencia.

Pese a los puestos de responsabilidad que desempeñó, Granados dijo a los periodistas que le esperaban a la salida de la Audiencia Nacional que nunca tuvo conocimiento expreso de la existencia de una financiación ilegal. Insistió en que había acudido a defenderse y a “desmontar las mentiras” que se han dicho sobre él.

Implica a Aguirre y González en los contratos irregulares

El que fuera exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha implicado por primera vez ante el juez a la expresidenta Esperanza Aguirre y a su sucesor en el cargo, Ignacio González, en las presuntas irregularidades en los contratos de la Administración autonómica vinculados a la trama Púnica.

Tras afirmar que las contrataciones y los nombramientos estaban en manos de Aguirre y González, explicó que Eduardo Larraz fue nombrado consejero delegado de la empresa pública de suelo Arpegio por deseo expreso de Aguirre. Larraz está imputado por cobrar presuntamente comisiones de constructores a los que se adjudicaron parcelas del Plan Prisma. En su declaración, Granados insistió en que Aguirre era quien "lo supervisaba todo”.

Explicó que este plan de viviendas reportaba ingresos a los ayuntamientos de Madrid, y cuando Aguirre pasó a presidir la Comunidad pidió que todos los trabajos los ejecutara la Administración autonómica y, por tanto, los ingresos también fueran a parar a sus arcas, porque “estaba harta” de dar dinero a los alcaldes y de que los ediles del PSOE no la invitaran a las inauguraciones.

En un momento de la declaración, Granados indicó al juez la existencia de una supuesta "relación" de tipo "sentimental" entre Ignacio González y su sucesora y actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, de la que no aportó ningún tipo de prueba. Sobre ella lanzó un manto de sospecha al insistir en que formaba parte del grupo de poder que decidía sobre la financiación del “refuerzo” para la campaña personal de Esperanza Aguirre.

Granados aseguró al juez que González y Cifuentes “mantenían una relación sentimental conocida por todos” en la Comunidad de Madrid e indicó que la actual presidenta madrileña era una persona de “toda confianza” de la cúpula del PP madrileño hasta la ruptura entre ambos.

Francisco Granados defendió su actuación en todo momento, sin admitir responsabilidad alguna en estas irregularidades y negando las acusaciones que sobre él vertió su exsocio David Marjaliza. Insistió en que el dinero que tenía en Suiza (1,6 millones de euros) procedía de actividades lícitas de compraventa en bolsa cuando trabaja en Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a Marjaliza, éste le cobró una comisión de 200.000 euros.