Guerrero no ratifica sus primeras declaraciones sobre los ERE, que hizo bajo "presión mediática y policial"

• El ex director general de Trabajo es el primer interrogado en el juicio de los ERE
• Se ha acogido a su derecho a no declarar y solo ha respondido a su abogado
• Anticorrupción ha pedido que se escucharan sus declaraciones en la causa
• Guerrero acuñó el término 'fondo de reptiles' para hablar de las ayudas investigadas

El ex director general de Trabajo de Andalucía entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero.

El ex director general de Trabajo de Andalucía entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados el juicio de la pieza política del caso de los ERE, no ha ratificado las primeras declaraciones que efectuó ante la Policía y la Guardia Civil por la "enorme" presión mediática y de la Policía que, ha asegurado, tenía en esos momentos.

Guerrero se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Audiencia de Sevilla, donde este lunes se ha reanudado el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "No le voy a contestar a ninguna de las partes salvo que mi abogado me quiera formular alguna pregunta", ha asegurado Guerrero a instancia del presidente del tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, ha pedido que se leyeran las declaraciones prestadas en fase de instrucción por parte de Guerrero antes de que su abogado le preguntara, algo a lo que han accedido los magistrados pese a las protestas de varias defensas. Esta lectura ha consumido toda la sesión y seguirá este martes. De hecho, su primera declaración ante la instructora Mercedes Alaya, en marzo del 2012, duró tres días -tras la misma fue a prisión- y su lectura ha quedado a medias: seguirá, con otras posteriores, antes de que su abogado le interrogue.

Tras la lectura de cada declaración ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el acusado no ha ratificado las mismas, y que fueron efectuadas en marzo de 2011 ante la Policía Nacional y en enero y febrero de 2012 ante la Guardia Civil, según las agencias Efe y Europa Press. "En aquellos momentos tenía una presión mediática y de la policía enorme para que yo declarase. Además, no se recoge en ocasiones lo que yo dije textualmente", ha señalado Guerrero a preguntas de su abogado.

Qué es lo que declaró Guerrero y ahora no ratifica

En las declaraciones que ahora no ha ratificado, Guerrero señaló que para conceder las ayudas "solo aplicó el sistema que sus superiores le impusieron" a raíz de la firma en el 2001 de un convenio marco entre la Consejería de Empleo -entonces dirigida por José Antonio Viera- y el ente público IFA como organismo pagador -presidido por Antonio Fernández-.

Según recoge Efe, es el convenio que introdujo un "procedimiento específico" con el que entre el 2001 y el 2011 la Junta repartió 850 millones en ayudas a empresas en crisis, un sistema por cuya creación y mantenimiento se juzga por prevaricación y malversación a 22 ex altos cargos.

Guerrero dijo en su día que el objeto de ese sistema era "evitar reticencias de la Intervención" a unas ayudas que buscaban "mantener la paz social". Alegó que a él "no le parecía adecuado" y ordenó elaborar varias órdenes y decretos para regularlo que se quedaron en borradores al no pasar "el filtro de los consejillos" (reunión de los viceconsejeros presididas por el entonces titular de Presidencia Gaspar Zarrías, también acusado en este caso).

Con todo, dejó claro que "todo el mundo en la Junta había avalado este procedimiento, nadie lo había parado" y que siempre "daba cuenta de las ayudas" que otorgaba de las que entiende que conocía todo el Gobierno pues "no se puede afirmar que la Consejería de Empleo visara nada sin conocimiento del Consejo de Gobierno".

Además, los consejeros se preocupaban por las empresas con ERE de sus provincias y reconoció el interés especial de Viera por ayudar a firmas de la Sierra Norte de Sevilla y haber recibido una vez un escrito "directamente del Gabinete del Presidente Manuel Chaves" para dar una subvención a la empresa Bilore.

Ante la Policía declaró que tenía "constancia" de que a raíz del "escándalo" de Mercasevilla-germen del caso ERE- se "han destruido documentos" si bien en el juzgado matizó que "no dijo que se hayan destruido sino que no están".

En estas declaraciones, según recoge Efe, Guerrero también negó conocer la inclusión en los ERE subvencionados de "intrusos" (personas que nunca trabajaron en las empresas en las que se prejubilaron) ni ordenar pagos a mediadores y aseguradores, que decidían los sindicatos.

Reparto de dinero público del "fondo de reptiles"

Según el orden fijado inicialmente por la Fiscalía, el primer acusado que debía responder a las preguntas de las partes era Guerrero, que ha pisado la cárcel por este proceso y que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de Andalucía entre 1999 y 2008, se sienta en el banquillo como "responsable directo", de la concesión de las ayudas y subvenciones investigadas.

El instructor concluyó que Guerrero, "asumiendo e impulsando el desarrollo del sistema ideado, promovió de manera directa" el procedimiento que no contaba con "las mínimas y elementales garantías" para el reparto de este dinero público del "fondo de reptiles", como él mismo denominó a la partida presupuestaria 31L.

Guerrero acuñó el término "fondo de reptiles" para referirse a la partida presupuestaria de la que salían las ayudas investigadas, aunque luego se retractó, y durante la instrucción mantuvo que sus superiores conocían y aprobaban las subvenciones que se daban, según recoge la agencia Efe.

Protesta de las defensas de los acusados

Antes de que fuera llamado a declarar Francisco Javier Guerrero, los abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta han mostrado su protesta por la admisión de nuevas pruebas solicitadas por la acusación y por el rechazo de las cuestiones previas planteadas por las mismas por parte del tribunal de la Sala en el auto notificado el pasado viernes, 9 de febrero, según recoge Europa Press.

El tribunal también ha rechazado que el PP-A reclame a los acusados 741 millones por responsabilidad civil ya que "la acusación popular no está legitimada" para ello sino el perjudicado (la Junta, no personada en este juicio) o el fiscal (que ha renunciado a ello).

Además, el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha solicitado que su representado pueda ausentarse de las sesiones por cuestiones de salud después de haber sufrido una lesión en sus miembros inferiores, petición admitida por el tribunal.