La jueza mantiene en prisión preventiva a los exjugadores de la Arandina pese a la petición de la Fiscalía

• La juez del caso ha vuelto a denegar su puesta en libertad
• La Fiscalía apoyaba la solicitud si se establecían ciertas medidas
• Están acusados de haber abusado sexualmente de una menor de 15 años

Un furgón de la Policía Nacional y varios periodistas a las puertas de los juzgados de Aranda de Duero.

La jueza de Primera Instancia de Aranda de Duero (Burgos) ha vuelto a denegar la puesta en libertad de los tres exjugadores de la Arandina C.F.  que se encuentran en prisión desde el pasado 13 de diciembre acusados de haber abusado sexualmente de una menor.

Con un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Efe, la magistrada mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres investigados, a pesar de la opinión de la Fiscalía de Burgos, porque entiende que no han variado las circunstancias por las que se ordenó dicha medida en diciembre, especialmente para proteger a la menor denunciante.

De este modo, la jueza rechaza la petición realizada por los abogados de la defensa para que los tres jóvenes salieran de prisión, una solicitud que apoyó la Fiscalía de Burgos con una serie de medidas como la prohibición de que los tres acusados puedan acercase a la menor y tener cualquier tipo de contacto con ella, así como imponer la obligación de comparecer los días quince de cada mas y retirarles el pasaporte.

"Mismos indicios de criminalidad"

La jueza ha argumentado que "siguen concurriendo los mismos indicios de criminalidad" y que "están fundamentados en las diligencias de instrucción que se han realizado hasta ahora", citando de nuevo las declaraciones efectuadas por la menor, su familia y otros testigos que han declarado, entre ellos varios menores y un cuarto jugador.

Asimismo ha insistido en una de las razones que expuso en su decisión del pasado 13 de diciembre: "la necesidad de proteger a la menor víctima de los hechos que se investigan", señala textualmente en el auto.

La jueza considera insuficientes las medidas de alejamiento propuestas por el Ministerio Fiscal por "la gran repercusión tanto social como mediática, no sólo a nivel local, de los hechos que se investigan y que ha hecho que la denunciante vea totalmente alterada su vida personal, social, escolar y familiar".

En su auto, ha hecho hincapié en la necesidad de evitar una mayor victimización de la menor denunciante, al recordar que la familia ha interpuesto denuncias ante la Policía Nacional de Aranda por estar sufriendo actos de "acoso, trato vejatorio y persecución por parte de otros menores y de personas desconocidas".

La titular del Juzgado arandino cree esta situación se podría agravar en el caso de que los investigados sean puestos en libertad "ya que podrían utilizar sus redes sociales o acceder a los medios de comunicación".

Peligro de huida y obstruccion a la Justicia

Otro de los argumentos que ha expuesto en el auto para mantener en prisión a los investigados es que sigue existiendo peligro de huida y obstrucción a la Justicia por las altas penas a las que pueden enfrentarse y ello a pesar de las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal de la retirada del pasaporte.

Igualmente la jueza se ha mantenido en los argumentos que expuso en diciembre de que los investigados en situación de libertad pueden ocultar o alterar de pruebas y aproximarse a los testigos ya que aún quedan diligencias pendientes de realizar.

La jueza ha aludido asimismo al examen psicológico que se realizó a la menor el pasado viernes por parte de la forense y un equipo de psicólogos de los Juzgados de Burgos y a los que se van a realizar "en las próximas semanas" a los investigados, ya que su puesta en libertad podría desvirtuar estos resultados "al ponerse los tres de acuerdo" o comunicarse entre ellos las preguntas o cuestiones sobre los que van a ser examinados.

Tampoco se ha completado el informe pericial de los teléfonos móviles de la menor y los investigados, así como el análisis de los perfiles de Instagram, hecho que utiliza la titular del juzgado para afirmar que los tres encausados podrían influir o alterar el contenido en el caso de que salieran de prisión.