Trump presenta su prometido plan para reconstruir la "desmoronada infraestructura" de Estados Unidos
- Se prevé una inversión federal de 200.000 millones, que deberá aprobar el Congreso
- El resto, hasta 1,5 billones, correrá a cargo de Estados, municipios y empresas
- "Se trata del plan más grande y atrevido en la historia de Estados Unidos", asegura
- Sin embargo, el plan se enfrenta a una complicada tramitación parlamentaria
Más de un año después de instalarse en la Casa Blanca, Donald Trump ha presentado este lunes su prometido plan para revitalizar las infraestructuras de Estados Unidos a lo largo de los próximos diez años, con una inversión prevista de 200.000 millones de dólares (unos 163.000 millones de euros) a cargo del Gobierno federal, aunque el objetivo es movilizar hasta un billlón y medio con la participación de Estados, municipios y empresas privadas.
“Se trata del plan más grande y atrevido en la historia de Estados Unidos“
Al menos esa es la promesa del presidente, que ha aprovechado un encuentro con diversos gobernadores estatales y alcaldes en la Casa Blanca para glosar la ambición de su iniciativa: "Tenemos que reconstruir nuestra desmoronada infraestructura. Se trata del plan más grande y atrevido en la historia de Estados Unidos", ha asegurado Trump.
"Nuestras carreteras están en mal estado. Y vamos a ponerlas en buen estado. Y, muy importante, vamos a modernizar nuestras infraestructuras. Y vamos bastante tarde. Vamos por detrás de otros países", ha argumentado el mandatario.
Trump, además, ha insistido en que el plan facilitará la financiación la concesión de obras a las entidades estatales y locales, uno de los pilares de su iniciativa: "El problema que tienen los estados y los líderes locales con la financiación de las infraestructuras es horrendo", ha señalado este lunes.
Un camino tortuoso en el Congreso
El presidente quiere que el plan de infraestructuras sea la prioridad legislativa de la Casa Blanca a lo largo de este año, con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre, en las que los demócratas aspiran a arrebatar a los republicanos el control de algunas de las dos cámaras del Congreso.
Sin embargo, las perspectivas de una tramitación parlamentaria fluida son escasas, precisamente por la cerrada oposición que se espera en el bando demócrata. Y es imprescindible convencer a algunos congresistas demócratas, sobre todo en el Senado, donde los republicanos cuentan con 51 senadores, lejos de los 60 que requiere, por ejemplo, aprobar esa inversión inicial del Gobierno federal de 200.000 millones de dólares.
El Comité Nacional Demócrata, de hecho, ya ha marcado el paso al señalar que "el plan de Trump es tan solo otro regalo a las empresas y a los constructores adinerados a expensas de los trabajadores estadounidenses, y no cubre algunas de las necesidad en infraestructuras más acuciantes que afronta nuestro país".
Lo cierto es que el plan no incluye ningún fondo específico para inversión en infraestructuras, como reclamaban los demócratas, ni aclara cómo se financiará en su totalidad. En cualquier caso, desde la Casa Blanca recalcan que la propuesta presentada es solo un punto de partida para negociar.
Inversión local y estatal
De los 200.000 millones de dólares que se piden al Congreso para iniciativas federales, Trump propone gastar 100.000 millones en inversiones a nivel local, de forma que el Gobierno pueda dar un empujón final de financiación a aquellos Estados o localidades a los que les quede poco para completar un proyecto ya en marcha.
También se propone invertir 50.000 millones de dólares en zonas rurales, como acceso a banda ancha de Internet, y otros 20.000 millones en "programas transformadores" y que plasmen una "visión de futuro". Trump ha señalado este lunes en su intervención que "la gente de las áreas rurales se han quedado atrás".
Además, el plan dedicará 20.000 millones de dólares a expandir su actual programa de préstamos y bonos para empresas privadas con el que actualmente se financian actividades para la renovación de infraestructuras de transporte y de agua, entre otros.
Por último, Trump pedirá al Congreso 10.000 millones de dólares para mantener las instalaciones que dependen del Gobierno federal.
Desregular la concesión de obras
Como resultado, a través de modificaciones en otras partidas del presupuesto federal, el Gobierno financiará con 200.000 millones de dólares casi el 14 % de la reconstrucción de las infraestructuras, mientras que los otros 1,3 billones de dólares (el 86 % restante) tendrán que ser asumidos por las entidades estatales, locales y el sector privado –lo que puede suponer incrementos de impuestos, tasas o peajes-.
El plan también pretende impulsar una desregulación de las obras públicas y, en concreto, acortar significativamente las deliberaciones, de forma que el Gobierno pueda otorgar a las empresas los permisos oficiales de construcción en dos años con un proceso de evaluación de 21 meses y un plazo de solo tres meses para procesar los permisos
"Gran parte del problema, actualmente, es que las reglas y las restricciones del Gobierno federal obstaculizan la construcción de un mejor Estados Unidos", deslizan desde la Casa Blanca, donde aseguran que el objetivo es "acortar el proceso y, al mismo tiempo, preservar todas las protecciones medioambientales".
En este sentido, se pretende que una sola agencia del Gobierno tengá el "liderazgo" en la evaluación de un proyecto de infraestructuras y sea la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su viabilidad, lo que puede dejar al margen del proceso decisorio, por ejemplo, a la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Unos presupuestos con más gasto en defensa e inmigración
El plan de infraestructuras forma parte de la propuesta global de presupuesto para el año fiscal 2019 que la Casa Blanca ha remitido este lunes al Congreso, y que contempla un gasto total de 4,4 billones de dólares (3,5 billones de euros), frente a unos ingresos de 3,7 billones de dólares (unos tres billones de euros), lo que ahondará en el déficit estadounidense.
De hecho, para mostrar a los republicanos más reticentes al aumento de la deuda la voluntad de la Administración Trump de controlar el déficit, se proponen sustanciales recortes en programas no militares, como salud y vivienda. Sin embargo, por otro lado, se reclama un considerable incremento del gasto militar (hasta un total de 716.000 millones de dólares).
Los presupuestos que propone el presidente rara vez son aprobados por el Congreso, que es quien tiene la última palabra en materia de gasto, pero permiten a la Casa Blanca mostrar su prioridades para el año fiscal entrante. Así, la propuesta de Trump contempla gastar 57.000 millones menos a lo largo del año fiscal 2019 que los previstos en el acuerdo para 2018 y 2019 que rubricaron la semana pasada republicanos y demócratas.
En el capítulo de gastos, no obstante, se incluyen 23.000 millones de dólares para el control de la inmigración irregular, de los que unos 18.000 irían a la construcción del muro con México, y otros 571 millones para contratar a 2.000 nuevos agentes fronterizos.