Torrent aviva la tensión al no tramitar la reforma de la ley de Presidencia propuesta por JxCat
- Tampoco ha gustado a JxCat el anuncio de ir a TEDH para defender a Puigdemont
- Creen que es una decisión "arbitraria y unilateral" que puede perjudicarlo
- Torrent se defiende asegurando que sí consultó la decisión de ir a Estrasburgo
- La Mesa no tramita la ley de Presidencia, a la que se oponen los republicanos
Diferentes decisiones del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, han provocado este martes un nuevo terremoto en la ya tensa relación entre Junts per Catalunya y ERC. A JxCat no le ha gustado ni el anuncio de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) para "proteger los derechos de Carles Puigdemont" ni la decisión de no tramitar la reforma de la ley de Presidencia, por la que aboga JxCat, y a la que se oponen los republicanos.
Torrent prepara así una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) con el fin de que Puigdemont pueda "someterse al debate de investidura de manera efectiva", según ha anunciado este martes la Cámara catalana.
La demanda ante el TEDH se tiene que presentar a título individual, por lo que lo hará solo Torrent, pero el presidente de la Cámara catalana propondrá a los diputados que se sumen y que interpongan sus respectivas demandas.
Junts per Catalunya ha dicho recibir con "perplejidad" lo que consideran una "decisión arbitraria y unilateral" porque Torrent, también diputado republicano, no les han consultado.
Denuncian, incluso, que esta decisión puede "chocar" con la estrategia de defensa de Puigdemont e, incluso, perjudicarlo.
Torrent niega que no trasladara esta decisión a los posconvergentes y asegura que se lo comunicó al vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa (diputado del JxCat) y éste no se opuso, según fuentes del entorno del político republicano.
También recuerdan que Torrent ya se comprometió en el momento en que pospuso el pleno de investidura "a recurrir a todas las instancias para garantizar los derechos de Puigdemont".
Torrent no tramita la reforma de ley de presidencia
Por otro lado, se ha abierto otro nuevo frente tras la decisión de Torrent de no incluir en el orden del día de la Mesa, reunida este martes, la iniciativa de JxCat para modificar la ley de Presidencia con el fin de permitir la investidura a distancia de Puigdemont y que no contó con el respaldo de ERC.
Torrent lo ha justificado por "motivos formales" ya que JxCat presentó dos escritos sobre el mismo asunto que son, a su juicio, "contradictorios".
Fuentes del entorno de Torrent han asegurado a Efe que en un escrito se pide la tramitación por lectura única y en el otro, por urgencia extraordinaria, lo que es "incoherente". Torrent ha considerado que no incluir la proposición de JxCat les permite "clarificar qué pide exactamente" y evita que la Mesa lo pudiera tumbar "por motivos formales".
Sin embargo, JxCat no se ha tomado nada bien que el presidente del Parlament no inicie este trámite. Según han confirmado fuentes parlamentarias a TVE, la reunión semanal de la Mesa ha sido muy tensa y los posconvergentes se han quejado al presidente. La reforma de la ley es, por tanto, el nuevo campo de batalla entre ambos partidos.
Lo que sí ha abordado este martes la Mesa ha sido la propuesta, también registrada unilateralmente por JxCat, para activar la comisión del reglamento, otra de las vías para facilitar la investidura a distancia de Puigdemont.
El Parlament presenta alegaciones al Constitucional
El Parlament ha presentado las alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) tras el recurso del Gobierno central a la candidatura de Puigdemont a la sesión de investidura, que quedó aplazada 'sine die'.
Pide que se desestime la impugnación y también que queden sin efecto las medidas cautelares dictadas por el mismo tribunal el pasado 27 de enero. El Constitucional avisó que suspendería el pleno si la investidura de Puigdemont no era presencial.
Junts per Catalunya también presentó este lunes sus alegaciones ante el Constitucional, en las que le pide, al igual que el Parlament, que no admita a trámite la impugnación al entender que una intervención del alto tribunal sería "una clara extralimitación del ejercicio de control de la constitucionalidad".