La Fiscalía pide más de diez años de cárcel y multas millonarias para dos exalcaldes populares de Alicante

• Les acusa de favorecer al empresario Enrique Ortiz en el plan urbanístico de la ciudad
• Les atribuye los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros
• Pide 126,5 millones de multa para Castedo, 86 para Ortiz y 63 para Díaz Alperi

Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de 10 años, 2 meses y 2 días de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por favorecer al empresario Enrique Ortiz en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, el ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada del llamado caso Brugal.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones ha presentado esta mañana, en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital provincial, su escrito de acusación provisional contra los dos políticos, el propio Ortiz y los otros seis procesados en estas diligencias.

Además de las penas de cárcel, Castedo y Díaz Alperi se enfrentan a peticiones de inhabilitación de 29 años y 3 días para empleo o cargo público que implique los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local.

En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.

Asimismo, pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo.