El juez del Supremo admite al Gobierno como acusación por el 'procés'

• La acusación del Gobierno se suma a las de la Fiscalía y a la que ejerce VOX
• Había pedido ser parte al considerar al Estado perjudicado por la malversación

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, conversa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa principal contra los dirigentes del proceso soberanista catalán, ha admitido al Gobierno como acusación en el procedimiento, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, había pedido ser parte del proceso judicial al considerar que el Estado ha sido perjudicado por la malversación de caudales públicos en la que habrían incurrido los investigados.

El juez ha admitido esa personación, de modo que a partir de ahora la acusación del Gobierno se suma a la Fiscalía y a la única acusación particular presente en la causa hasta el momento, la que ejerce el partido VOX.

Los líderes del proceso soberanista están siendo investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación.

Sospecha de una posible utilización de dinero público

Los servicios jurídicos del Estado han pedido su presencia en la causa como acusación ante la sospecha de que se haya destinado dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre y las acciones posteriores encaminadas a la declaración unilateral de independencia.

Precisamente este miércoles se ha conocido un informe de la Guardia Civil en el que cifra en un millón de euros el dinero que la Generalitat pagó a Unipost solo para el envío de cartas a los miembros electorales y para tarjetas censales del referéndum.

Y el juez de Barcelona que investiga los preparativos y la celebración del referéndum considera "evidente" que "todo o parte" de ese proceso se pagó con créditos obtenidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dado que éstos constituyen una partida importante de los ingresos de la Generalitat.