Se suspende provisionalmente el juicio de los ERE a la espera de que el forense examine al exconsejero Vallejo

• El juez de los ERE ordena que el forense examine al exconsejero Vallejo en su casa
• La defensa de Vallejo había pedido la suspensión ante la imposibilidad de asistir
• Magdalena Álvarez tenía que comparecer este lunes ante el juez de los ERE
• Le imputan un delito de prevaricación de su etapa como consejera de Hacienda

El juez de los ERE interroga a Magdalena Álvarez

El magistrado presidente del tribunal que enjuicia la pieza política del caso de los ERE, Juan Antonio Calle, ha ordenado que el forense de guardia acuda a la casa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo para examinarle tras emitir un informe indicando que puede asistir, contrario al de su médico.

La abogada de Vallejo, Encarnación Molino, había pedido la suspensión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta ante la imposibilidad de su cliente -de baja con reposo médico en su domicilio- de asistir y considerar que su estado "débil" y "medicado" le impide suplir su asistencia con el visionado de las cintas del juicio, donde hoy estaba previsto el interrogatorio a la exconsejera Magdalena Álvarez.

El tribunal ha acordado, a petición de la Fiscalía, solicitar un informe al forense de guardia en los Juzgados y ha suspendido la sesión provisionalmente durante hora y media.

Discusión sobre el estado de Vallejo

Tras la suspensión, el tribunal ha recibido el informe del forense elaborado tras examinar la documentación médica aportada por la abogada de Vallejo y ha estimado que el exconsejero está en condiciones de asistir al juicio "como espectador" y sin realizar "esfuerzo", tras haberse sometido a una intervención "por laparoscopia sin complicaciones" el pasado miércoles.

El forense estima que para declarar estará en condiciones tras diez días desde la operación de urgencias a la que fue sometido por un problema de vesícula.

Ante este informe, el tribunal ha acordado continuar con el juicio, si bien la abogada de Vallejo ha expresado su protesta por considerar que se somete a su cliente "a un trato de excesivo rigor". El magistrado Juan Antonio Calle la ha cortado una vez formulada la protesta y la ha instado a llamar a su cliente y "si considera que su presencia es necesaria dígale que venga inmediatamente", ha dicho.

Tras un receso de unos minutos, las partes han vuelto a entrar en sala y la abogada de Vallejo ha señalado, tras haber hablado con él, que su cliente no está en condiciones de asistir y así lo determina su médico, ante lo que ha impugnado el informe del forense al haber dos opiniones médicas contradictorias.

El juez, visiblemente molesto, decir varias veces a la letrada que no admitía "más discusión" y que para el tribunal la opinión válida es la del forense, ha preguntado al resto de partes.

El fiscal ha estimado que Vallejo tiene que decidir si asiste o admite su ausencia durante su convalecencia y el PP-A se ha adherido, mientras Manos Limpias ha propuesto que al haber dos informes contradictorios el forense examine a Vallejo y emita un nuevo informe, propuesta a la que se han adherido varias defensas.

Riesgo de incurrir en "vicio de nulidad"

Al pronunciarse, varios abogados de otros acusados han alertado del riesgo de incurrir en un "vicio de nulidad" en caso de forzar la continuación del juicio y han señalado la "situación muy delicada" en la que se pone a la defensa de Vallejo, que procesalmente considera "absolutamente imprescindible y necesaria" la asistencia de su cliente, al que su médico le dice que no está en condiciones.

El tribunal ha hecho, en torno a las 13.00 horas, otro receso para deliberar sobre esta propuesta y ha acordado que el forense acuda al domicilio de Vallejo a examinarlo para que se ratifique en su informe o emita uno nuevo, si bien ha dicho a las partes que permanezcan en los Juzgados hasta que el forense emita el nuevo informe y en su caso decidir si suspende o continúa la sesión.

Álvarez tenía que comparecer este lunes

Este lunes era el turno del interrogatorio a la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, procesada por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación.

La exconsejera ha acudido a primera hora a la Audiencia de Sevilla, donde se está celebrando el juicio, tal y como estaba citada. Sin embargo, finalmente el interrogatorio ha sido suspendido a petición de la defensa de Vallejo.

Álvarez fue consejera de Hacienda del Gobierno andaluz desde agosto de 1994 a febrero de 2004, año en el que fue nombrada ministra de Fomento en el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte hasta 2009.

Cuando estalló el caso ERE, era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cargo del que dimitió en 2014, un año después de su imputación por la jueza instructora Mercedes Alaya, cuando la Audiencia de Sevilla ratificó dicha imputación.

No está acusada de malversación

A diferencia de 15 de los 22 procesados en este juicio, Álvarez no está acusada de malversación, sólo de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas. La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por PP-A y Manos Limpias le piden una pena de 10 años de inhabilitación.

A Álvarez le seguirán otros responsables de su consejería. Según el orden previsto, tras ella será el turno del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa o el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, igualmente acusados todos ellos solo de prevaricación, un delito por el que afrontan la misma pena.

El PP-A acusaba también a estos procesados de un delito de asociación ilícita, por el que pedía dos años de cárcel a cada uno, pero en las cuestiones previas el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla ha estimado la petición de las defensas -apoyada por la Fiscalía y Manos Limpias- de eliminar este delito incluido de forma "sorpresiva" por el PP al final de la instrucción.

Sin ese delito, siete de los 22 acusados -entre ellos los que declararán esta semana además del expresidente Manuel Chaves y el exconsejero Gaspar Zarrías- no afrontan penas de prisión.