El Supremo anula la privatización de Aigües Ter-Llobregat, adjudicada a Acciona

• La operación, que ya anuló el TSJC, fue la mayor privatización de la Generalitat
• La Generalitat contabilizó en 2012 los 1.000 millones previstos en 50 años
• El fallo puede generar ahora un problema para las finanzas del Govern
• La empresa ATLL abastece de agua a 4,5 millones de personas en Barcelona

Logo de Acciona en su sede central de Alcobendas.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat, al desestimar los recursos de casación del Gobierno autonómico y de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), que se presentó también al concurso.

El fallo genera un problema para las finanzas de la Generalitat, puesto que se apuntó contablemente los 1.000 millones de euros previstos en los 50 años de vida de esta concesión para reducir el déficit publico del año 2012, cuando se produjo la adjudicación, a pesar de que entonces solo recibió del consorcio ganador 298,6 millones.

Este revés judicial puede obligar a la Generalitat a devolver de entrada aquellos casi 300 millones que se embolsó en 2012 y puede tener efectos también sobre el déficit público, según señala Efe.

Aigües Ter-Llobregat es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, por lo que suministra a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.

La resolución del Supremo pone fin a un litigio que se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat, que presidía entonces Artur Mas, adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, lo que llevó a Agbar a remitir el caso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), dependiente del propio Govern, que le dio en parte la razón y excluyó a Acciona del procedimiento.

"No puede pervivir una adjudicación hecha a quien no la puede recibir"

La sentencia del Supremo señala que aunque aquella resolución del OARCC "no pronunciara la nulidad de la adjudicación, esta es una consecuencia inseparable de su decisión de excluir la oferta de Acciona-BTG Pactual".

"No parece necesario mucho esfuerzo para explicar que no puede pervivir una adjudicación hecha a quien no la podía recibir", sostiene el Supremo, que confirma así la sentencia del TSJC, que en junio de 2015 declaró nulo todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para adjudicar la gestión de esa empresa pública.

"Es perfectamente posible acoger en parte el recurso de la Generalitat, anular la exclusión de la oferta de Acciona-BTG Pactual y mantener la nulidad de la adjudicación del contrato", asegura el Supremo, avalando así la sentencia del TSJC.

Una privatización realizada días antes de las elecciones autonómicas

La Generalitat, necesitada de fondos para reducir su déficit público, sacó a concurso la gestión de esta empresa por un período de 50 años e hizo la adjudicación días antes de la celebración de las elecciones autonómicas.

Al proceso se presentaron dos ofertas, las lideradas por Acciona y Agbar. El Govern valoró con más puntos la opción de Acciona y acabó adjudicando la gestión a un consorcio en el que también participaba el banco de inversión brasileño BTG Pactual (con un 39%, igual que Acciona) y las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

Agbar asegura que da "por supuesto" que la Generalitat cumplirá y ejecutará lo antes posible la sentencia del Tribunal Supremo. La competidora de Acciona en aquel proceso dice estar satisfecha y recuerda que desde el primer momento, ya avisó de que la adjudicación era "irregular", según ha indicado un portavoz de la empresa a Europa Press.

La Generalitat defiende la adjudicación de ATLL

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha defendido la adjudicación del contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), pero ha señalado que analizará la sentencia y planteará cómo ejecutarla.

Para ello, aseguran que se tendrá en cuenta la disposición adicional tercera de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017, que prevé que el Govern debe presentar al Parlament la voluntad de recuperar la gestión directa del servicio de suministro de agua en alta y el calendario de actuaciones y medidas para hacerlo posible.

Destacan que, mientras, la legislación permite a la administración garantizar la continuidad del servicio público y que el operador actual "tiene la obligación de continuar prestándolo con los mismos estándares de calidad y eficiencia".

Recuerdan que el proceso por el que se externalizó la gestión de la red Ter-Llobregat, a principios de 2012, marcaba que la titularidad de los bienes y del servicio sería siempre de la Generalitat y que la gestión la supervisaría la ACA.

Arrimadas: "Es otra enorme chapuza que pagaremos todos los catalanes"

Desde Ciudadanos, su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que el caso ATLL es "otra enorme chapuza de gestión de un Govern de la Generalitat, además de otra de las graves irresponsabilidades del señor Artur Mas que pagaremos todos los catalanes de nuestro bolsillo".

Desde la CUP, Eulàlia Reguant ha subrayado que ha de comenzar "la recuperación de un derecho básico en Cataluña" y que con la anulación de esta adjudicación cabe que la gestión del agua en alta sea "pública y no mercantilista". En este sentido ha recordado que "el acuerdo político está" -en alusión al que negociaron con JxCat y ERC para la investidura de Carles Puigdemont y que incluía la recuperación de la gestión pública- y se ha preguntado si hay "voluntad".