Amnistía Internacional: "España ha sufrido una implosión de la libertad de expresión"

• La organización presenta su informe sobre la situación de los derechos humanos
• "Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto más peligroso", denuncia
• Advierte de que la austeridad en sanidad y vivienda afecta a la "amplia mayoría"
• "Los derechos humanos no se encuentran en la política migratoria del Gobierno"

Fotografía de archivo de una manifestación en Barcelona en apoyo a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

El año 2017 fue "un mal año para la libertad de expresión y el derecho de agrupación libre en España", según denuncia Amnistía Internacional, que muestra su preocupación por la prohibición de manifestaciones contra la suspensión de la ley del referéndum en Cataluña o las "sanciones arbitrarias" por comentarios en Twitter. La organización, que acaba de presentar su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, advierte de que la austeridad en sanidad y derecho a la vivienda afecta ya no solo a las minorías, sino a una "amplia mayoría" en España.

Además, la ONG denuncia que el Gobierno "vulnera sentencias internacionales de derechos humanos" en materia de inmigración, asunto "ausente" de las políticas de las autoridades españolas.

Como aspecto positivo, Amnistía destaca el pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género y se pone como retos positivos la "visibilidad y documentación de la violencia sexual en España". Para su director, Esteban Beltrán, España puede mejorar en materia de derechos humanos si se cambia la ley Mordaza y si se pone fin a la expulsión de migrantes.

La "implosión" de la libertad de expresión, un riesgo importante

Amnistía alerta de que "alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso" tras las sanciones "arbitrarias" contra particulares o periodistas, que, en palabras de su director, Esteban Beltrán, ha generado una "inquietud por la autocensura a la hora de comentar la actuación policial".

“Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto más peligroso“

Amnistía denuncia también la "criminalización" de canciones y bromas en Twitter bajo "categorías vagas como el enaltecimiento del terrorismo". Según ha explicado Beltrán, entre 2011 y 2017 hubo 76 condenas por enaltecimiento del terrorismo, como el caso de Cassandra Vera, condenada por publicar chistes sobre Carrero Blanco en Twitter o el rapero Valtonyc, condenado por sus canciones. El artículo 568 "no debería existir", sentencia en declaraciones a RTVE.es. En este sentido, el director advierte de que las víctimas de terrorismo "tienen derecho a sentirse humilladas", pero que ello "no puede significar la cárcel".

Otra amenaza de 2017 para Amnistía fue el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad que controlaban las protestas del 1 de octubre en Cataluña, que provocó varios heridos - la organización tiene documentados cinco casos-, entre policías y un varón que llegó a perder un ojo tras recibir el impacto de una pelota de goma. "Esa pelota de goma no debería existir como material antidisturbios", defiende Beltrán, que también considera que el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart constituye "una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión".

La austeridad, la violación más seria de derechos humanos

Por otro lado, la organización denuncia que las políticas de austeridad han dejado "desamparadas a miles de personas en España", ante la preocupación por los derechos a la sanidad y vivienda, que según AI no han sido protegidos por las autoridades. La ONG rechaza el Decreto Ley16/2012 que ha implicado recortes sanitarios e introdujo cambios estructurales en el sistema de salud en España, y que, según denuncia la organización, ha tenido consecuencias en el acceso a la calidad de la salud para "decenas de miles de personas".

Manifestación a favor del derecho a la vivienda en Madrid

Manifestación a favor del derecho a la vivienda en Madrid EFE / Álvaro Sánchez

Aminstía se preocupa este año especialmente por el acceso a la vivienda, ya que en los primeros nueve meses de 2017 se produjeron un total de 43.459 de desalojos. Además, su director denuncia que el presupuesto en vivienda sigue disminuyendo, con un 19,21% menos que en 2016. En cuanto a los colectivos más vulnerables en esta materia, sitúa a las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género.

El director en España advierte de que "el apocalipsis de la austeridad" afecta ya no solo a las minorías en españa, sino a la amplia mayoría de personas.

Los derechos humanos, ausentes de las políticas migratorias del Gobierno

Y un año más, la organización denuncia que, en materia de migración, "los derechos humanos no se encuentran dentro de las políticas migratorias del Gobierno español". Así, Beltrán acusa al Ejecutivo de "incumplir su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas a España" y critica que, apenas ha llegado un 15%.

La organización denuncia además los "abusos" que se siguen cometiendo en las fronteras del sur del país, sobre todo en Ceuta y Melilla, donde se están restringiendo los derechos y las libertades de los migrantes que tratan de llegar a España; además de la preocupación porque "menores extranjeros hayan estado internados en Archidona", la cárcel donde se han internado a muchos migrantes llegados a España.

“Hay un increíble y flagrante incumplimiento de las órdenes de los tribunales“

Pese a la sentencia del Tribunal Europeo en contra de dos "devoluciones en caliente", la organización destaca el "increíble y flagrante incumplimiento de las órdenes de los tribunales" en España. Desde la sentencia de octubre, Amnistía ha contabilizado el caso de "al menos 40 personas expulsadas, si bien el número puede llegar hasta las 130".

Adou asegura que fue una mujer marroquí quien lo introdujo en una maleta en la frontera entre Ceuta y Marruecos

Isabel Elbal, abogada demandante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones de inmigrantes de España a Marruecos destaca que "el Gobierno no tiene intención de parar". La abogada denuncia en declaraciones a RTVE.es que "tratar a las personas como si fueran fardos y devolverlos en ese lamentable estado no es asumible", y critica al Gobierno, que, según considera "no tiene ninguna intención de acatar la sentencia ni aunque le obliguen".

“Tratar a las personas como si fueran fardos no es asumible“

Para Elbal, nuestro país "no cumple los derechos humanos en inmigración". Si bien la denunciante destaca que la sentencia es "un gran avance", advierte de que las devoluciones, "ilegales porque vulneran el derecho a tener derecho", se siguen produciendo.