El juez Llarena afirma que las órdenes de detención internacional "no deben cursarse por sospechas"
- El magistrado del Supremo dictó orden de detención en España para Anna Gabriel
- La exdiputada de la CUP está en Suiza y no acudió a declarar ante el Supremo
- El juez: una orden internacional exige "indicios racionales" del hecho investigado
El juez del Tribunal Supremo que investiga la declaración unilateral de independencia de Cataluña, Pablo Llarena, ha sostenido este jueves que las órdenes de detención internacional "no deben cursarse por sospechas" sino por "indicios racionales". El magistrado ha explicado así su decisión de dictar orden de detención en España de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel tras trasladarse a Suiza y no comparecer ante el juzgado, en declaraciones a periodistas en Oviedo.
"Las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas, sino que tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado y que además integran un delito grave en España y un delito grave en el país al que se le pide la colaboración", ha señalado Llarena.
La Fiscalía había pedido al juez que dictara un auto de prisión contra Gabriel y que cursase una orden internacional de detención y entrega a Suiza para una posterior demanda de extradición, pero el magistrado optó por la orden de detención nacional.
En caso de regresar a España sería detenida, pero la anticapitalista ya ha adelantado que su intención es instalarse en Suiza y trabajar como profesora de Derecho en Ginebra, y, si finalmente se pidiese su extradición, pedir "asilo político".
Gabriel, que justifica su ausencia en Madrid con su opinión de que no iba a tener un juicio justo en España, por considerar que estaba siendo "perseguida políticamente", queda así en la misma situación que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que permanecen huidos en Bélgica.
Llarena también niega que haya presos políticos en España
En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en Oviedo en unas jornadas sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas, el magistrado del Supremo también ha rechazado que en España haya presos políticos.
"No es el caso" de la causa seguida en el Supremo, ha subrayado Llarena, quien ha afirmado que se trata de comportamientos recogidos en el Código Penal y que, "con independencia de cuál ha sido la motivación para cometerlos, si eso ha sido así, tienen que ser investigados".
De los investigados por sedición, rebelión y malversacion en la causa abierta en el Supremo están en prisión preventiva el vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquín Forn, y los expresidentes de la ANC Jordi Sánchez y de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.