"La violencia contra la infancia en España es sistémica", afirma Save the Children

• La ONG pide una solución ya: si no, el precio a pagar será "intolerablemente alto"
• Lamenta la "falta de voluntad política" para aprobar una ley integral urgentemente
• En España, uno de cada dos abusos sexuales se producen sobre menores

Imagen de un niño en un colegio.

La violencia contra la infancia en España va mucho más allá de casos aislados de "adultos o niños monstruos" que agreden a otros menores: es un problema "generalizado y sistémico" cuya solución "no puede esperar más", o de lo contrario el precio a pagar será "intolerablemente alto".

Es la advertencia que lanza el director general de Save the Children, Andrés Conde, en una entrevista con Efe, en la que lamenta la "falta de voluntad política" para colocar este asunto en el nivel de prioridad que necesita, que es el de la "urgencia" de una ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia, incluido el abuso sexual y el acoso escolar.

"Cada día sin excepción vemos en los medios de comunicación un caso de violencia contra la infancia, pero lo vemos como sucesos aislados, anomalías, como algo monstruoso que un niño de 9 años sea recurrentemente violado por otros de 12 y 14", sostiene Conde aludiendo al reciente caso del menor de Jaén.

Pero cuando "algo ocurre de un modo tan continuado, el problema es sistémico y requiere de soluciones sistémicas". Y es un fenómeno "transversal" que afecta a todas las capas sociales y a todos los niveles de renta, "igual que la violencia de género". "Tenemos una cultura de la violencia, pero no tenemos que pensar que está ligado a la pobreza", subraya.

Uno de cada dos abusos sexuales se producen sobre menores

En España, uno de cada dos abusos sexuales se producen sobre menores, y se prolongan durante cuatro años; según datos del Ministerio del Interior,  3.919 los sufrieron en 2015, otros 3.766 fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar y 49 padecieron intentos de homicidio o asesinato, 19 de los cuales terminaron con la muerte del niño.

Motivos por los que considera que hay que "empezar a entender que no son casos aislados, de niños o adultos monstruos que abusan de otros niños, sino un problema generalizado", y sobre el que el Comité sobre los derechos del niño de la ONU ha mostrado su preocupación hasta en dos ocasiones.

Incluso cuando el agresor es un menor, es preciso comprender que "es también una víctima de alguna manera", porque si han llegado a desarrollar ese tipo de acciones, es porque "la sociedad les ha fallado".

"Los niños imitan lo que ven, y en el caso de los agresores, no tienen consciencia de lo reprobables que son sus conductas": al no existir educación afectivo-sexual ni en la escuela ni en la familia, sostiene Conde, acaban viendo "como normal" lo que encuentran en Internet y en las redes sociales.

Entre las soluciones, enseñar en los colegios educación afectivo-sexual

Por ello, la ley que reclama con urgencia pasa por medidas como introducir esta enseñanza en las escuelas junto con la formación en "ciudadanía digital" para evitar fenómenos como el ciberacoso, además de la inhabilitación para cualquier trabajo relacionado con la infancia en caso de condena o que el delito prescriba cuando la víctima cumple 35 años y no 18 como ahora, entre otras.

Una ley que apenas requiere "presupuestos importantes" y que además el Congreso respaldó por unanimidad el pasado mes de septiembre, cuando todos los grupos mostraron su intención de iniciar los trabajos para su tramitación en un plazo máximo de un año.

Quedan ya pocos meses, y el Gobierno no la ha incluido entre sus iniciativas legislativas para este año, aunque la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha comprometido a intentar presentar el texto antes de que acabe el año.

A ella precisamente le quiere trasladar este mensaje el director general de Save the Children, Andrés Conde: "Debe iniciar la tramitación de esta ley porque si descarrila la oportunidad que tenemos en este momento por otras motivaciones políticas, el precio que pagarán los niños y niñas víctimas de la violencia será intolerablemente alto".