La productora de Harvey Weinstein entrará en bancarrota tras los escándalos por acoso sexual

• Empleados de la compañía habían acusado a Weinstein de acoso y discriminación
• La productora ha roto negociaciones con un grupo de inversores a raíz del escándalo

El productor estadounidense, Harvey Weinstein.

El consejo de administración del estudio cinematográfico y de televisión The Weinstein Company tiene intención de declarar en suspensión de pagos a la empresa, después de que hayan fracasado las negociaciones para su venta a un grupo de inversores liderados por Maria Contreras-Sweet, exfuncionaria del Gobierno de Barack Obama, según informan varios medios estadounidenses.

"Aunque reconocemos que se trata de un resultado extremadamente desafortunado para nuestros empleados, nuestros acreedores y cualquier víctima, el consejo no tiene otra alternativa que buscar la única opción viable para maximizar su valor remanente: un proceso ordenado de quiebra", indicó la dirección del estudio en un comunicado recogido por el diario Los Angeles Times.

La decisión de declararse en suspensión de pagos se produce después de que hayan fracasado las conversaciones con el grupo de inversores encabezado por Maria Contreras-Sweet, responsable de la Administración de Pymes de EEUU entre 2014 y 2017, en una operación de unos 500 millones de dólares (405 millones de euros) que contaba con el apoyo del inversor Ronald Burkle, además de la firma de capital privado Lantern Asset Management.

Acoso sexual y discriminación contra los empleados

Las conversaciones entre las partes sufrieron un freno prácticamente definitivo después de que el pasado 11 de febrero el fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman,  presentase una demanda contra The Weinstein Company y su matriz, The Weinstein Company Holdings (TWC), así como contra Harvey y Robert Weinstein, alegando que no protegieron a sus empleados del acoso sexual, la intimidación y discriminación por parte del entonces consejero delegado de la firma, Harvey Weinstein.

En su demanda ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, el fiscal general señalaba las "gravísimas violaciones" del código de derechos civiles del Estado de Nueva York, de los derechos humanos, así como de las leyes mercantiles, incluyendo las declaraciones de numerosos empleados víctimas de acoso sexual, intimidación y discriminación, reclamando que "cualquier venta de TWC debe garantizar que las víctimas serán compensadas y que ni los autores de estos actos ni aquellos que los permitieron se enriquecen de manera injusta".