El Gobierno no impugnará la resolución que legitima a Puigdemont porque lo enmarca en una "declaración política"

• Así lo ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en rueda de prensa
• "Las voluntades y declaraciones políticas no son susceptibles de impugnación", dice
• El Gobierno dice que el Supremo determinará si Sànchez puede ser investido

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno de Mariano Rajoy no impugnará la resolución aprobada en el Parlament de Cataluña- que legitimó a Carles Puigdemont como president, reivindicó la república y el referéndum del 1-O pero finalmente no reafirmó la Declaración Unilateral de Independencia- porque la enmarca en "el escenario de las declaraciones y voluntades políticas".

Asi lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha explicado que la Abogacía del Estado ha analizado lo ocurrido en el pleno del Parlament de Cataluña este jueves y no habrá impugnación.

"No se trata de impugnar por impugnar", ha insistido Catalá, que ha afirmado que será el Tribunal Supremo el que determine si puede o no ser investido presidente el exlíder de la ANC encarcelado, Jordi Sànchez, si finalmente es el candidato, cuestión que no está cerrada y sobre la que JxCat y ERC aún no tienen acuerdo.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que "no sólo es cuestión de acudir o no a la investidura, sino que luego hay que desarrollar las funciones de presidente" y considera que desde la cárcel no es posible hacerlo.

Gobierno: "La estructura paralela en Bruselas es imposible"

A preguntas sobre la supuesta estructura paralela en Bruselas al Govern legítimo en Cataluña, el portavoz ha dicho que esto es "imposible" y que no existen "ese tipo de estructuras" ni en la Constitución ni en el Estatut de Cataluña, por lo que "no se va a dar tal cosa", que ha definido como "fantasmagoría".

"No tendrá efectividad ni dinero del erario público", se ha mostrado convencido Méndez de Vigo sobre ese 'Espacio Libre de Bruselas', que tendría tres órganos: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consejo de la República y el Consejo de la República, formado por miembros de JxCat, ERC y la CUP.

Sobre las reclamaciones que Puigdemont presentará a nivel internacional, como ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la presunta "violación" de sus derechos por parte del Estado español, Méndez de Vigo ha dicho que si algo ha quedado claro es el "nulo eco" de sus peticiones anteriores.

Ha asegurado que el Gobierno no está dispuesto a aceptar "ninguna farsa" sobre la investidura de un nuevo presidente catalán, y que cualquier pretensión de "gobernar a tiempo parcial" porque el candidato esté en prisión o fugado de la justicia "no se tiene en pie" y no se va a consentir.

30 millones destinados a internacionalizar el 'procés'

El Gobierno central calcula que la Consejería catalana de Asuntos Exteriores, que dirigía Raül Romeva, destinó en 2017 alrededor de 29 millones de euros a actividades relacionadas con la internacionalización del proceso independentista catalán, casi la mitad de los 64 millones de euros de presupuesto que tuvo ese año, según informa Europa Press.

Si bien la Generalitat no tiene competencias de política exterior -sí de "acción exterior" cultural o comercial-, su actividad tiene mucha carga política y actuaba como 'brazo ejecutor' de la internacionalización del 'procés', según el Ejecutivo.

Tras el cierre de las once "delegaciones" de Cataluña que funcionaban como embajadas políticas y el cese del delegado en Bruselas, ahora solo queda pendiente la liquidación del Consorcio de Diplomacia Pública catalán, conocido como Diplocat, que debe hacerse antes del 15 de abril, tal como prevé el real decreto sobre su liquidación.

Las fuentes han subrayado que la liquidación seguirá adelante aunque antes de esa fecha haya un nuevo Gobierno en Cataluña, porque ese real decreto es de obligado cumplimiento y la comisión liquidadora nombrada por el Consejo de Ministros tiene que terminar su tarea.