Un juez argentino envía a juicio a Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas

• Se investiga el acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán sobre el atentado de la mutua AMIA
• La causa continúa abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Nisman, días antes de morir

La expresidenta Cristina Fernández ofrece un discurso en el Salón de Conciertos de Atenas (Grecia)

El magistrado Claudio Bonadio ha elevado a juicio oral la causa que afecta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra la mutua judía AMIA en 1994, una causa abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman, pocos días antes de morir en circunstancias que aún se investigan.

El mismo Nisman era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires (que dejó 85 muertos y sigue impune), y creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, algo que Fernández siempre ha negado.

El juez Bonadio ha atribuido a Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de "encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

"Se les acusó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)", ha remarcado el dictamen del magistrado.

Según ha añadido, esa "maniobra" se realizó "en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado" y cuya finalidad era, "entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán".

El juez sentará en el banquillo a otros doce imputados

El juez recuerda que esta "compleja maniobra" requirió de "canales paralelos y privados de comunicación y negociación", para lo que fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos "estrechamente vinculado" con funcionarios y exfuncionarios de los Gobiernos, que contribuyeron, "desde la informalidad", con las acciones necesarias para la concreción del plan.

Fuentes jurídicas informaron este lunes de que el juez federal dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, no solo a la ex jefa de Estado (2007-2015), sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.

Por esta causa, la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno, ya acudió a declarar como investigada el pasado 26 de octubre, y semanas después, Bonadio pidió al Senado que la despoje de sus fueros parlamentarios para poder ser enviada a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo.

"No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra", ha expresado Fernández en un escrito presentado ante el juez Bonadio.