Dos empresarios investigados por hacer publicidad del 1-O afirman que fue la Generalitat quien se lo encargó

• Señalan a un intermediario 'freelance' del Govern, Enric Vidal
• Se comunicaban con él telefónicamente o por mail, y aseguran que no han cobrado
• Cuatro empresarios han declarado ante el juez que indaga los preparativos del 1-O
• Fueron incautados 369.000 dípticos: "Naciste con la capacidad de decidir"

Imagen de archivo de varios carteles para el referéndum del 1-O en Barcelona, un mes antes de que se celebrara

Dos empresarios investigados por la confección y distribución de la publicidad del referéndum del 1-O han asegurado este miércoles ante el juez que fue la Generalitat, a través de un intermediario, y que todavía no han cobrado por ellos.

Según han informado fuentes jurídicas, cuatro empresarios involucrados en la fabricación y difusión de la campaña publicitaria que la Generalitat lanzó para promover el 1-O han declarado por la tarde como investigados ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum.

Los empresarios han explicado al magistrado que fue una persona llamada Enric Vidal quien les encargó los trabajos, en nombre de la Generalitat, y han precisado que solo habían contactado con él telefónicamente y por correo electrónico, nunca de forma personal.

Según han añadido los empresarios, no han llegado a cobrar por los trabajos que se les encargaron en nombre de la Generalitat, ya que no sabían a qué departamento debían dirigirse para cobrarlos.

Además, los investigados han precisado que desde la Generalitat se les explicó que Enric Vidal era un intermediario 'freelance' que no ocupaba ningún cargo en la administración catalana.

Concretamente, este miércoles han comparecido ante el juez instructor José Oriol González, gerente de la empresa Buzoneo Directo SL; Sergio Bellido, consejero delegado de Novoprint S.A.; Sergi Aymerich, administrador único de Global Solutions, y Ricard Martí, hermano y directivo de la empresa Marc Martí Publicitat.

Marc Martí fue uno de los acusados del caso del Palau de la Música por enmascarar, mediante facturas falsas, mordidas de Ferrovial a CDC, aunque fue absuelto por prescripción en la primera sesión del juicio por el expolio.

Fueron incautados 369.000 dípticos

Los empresarios han sido imputados a raíz de la incautación de 369.000 dípticos con el lema "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella? 1-O Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. Generalitat de Cataluña", en el interior de una nave de Montcada i Reixac (Barcelona) propiedad de González.

En su declaración ante el magistrado, González ha ratificado lo que expuso ante la Guardia Civil, cuando se le citó como investigado en comisaría, y ha explicado que fue Ricard Martí quien telefónicamente le encargó que difundiera medio millón de dípticos, sin informarle de su contenido.

El investigado ha admitido que, tras el encargo, recibió en su empresa un furgón con dos albaranes expedidos por la empresa Novoprint de Sant Andreu de la Barca, con la dirección de facturación a nombre de Global Solutions 2014 de Barcelona.

El directivo de Novoprint se ha acogido hoy a su derecho a no declarar ante el magistrado, tal como hizo en su día ante la Guardia Civil, según han informado fuentes jurídicas.

Los otros dos empresarios son los que han señalado al intermediario adscrito al área de diseño de la Generalitat como quien les encargó los trabajos que, han añadido, iban a cobrar una vez estuvieran realizados, como suele suceder cuando tratan con la administración catalana.

Según los investigados, los trabajos los hicieron de acuerdo con un presupuesto acordado, sin contrato, y no exigieron mayores garantías de pago porque el encargo venía de la administración catalana, con la que ya habían tratado en anteriores ocasiones sin problemas para cobrar.

Entre las facturas que Buzoneo Directo S.L giró a la firma Marc Martí, presuntamente por la publicidad incautada en su nave, figuran una de 3.706 euros, otra de 12.500 y otra de 8.592, según documentación recabada por la Guardia Civil que obra en poder del juez.