Muere Reynaldo Bignone, el último dictador de Argentina, a los 90 años
- Fue condenado cinco veces por delitos de lesa humanidad
- Hasta 1983, unas 30.000 personas desaparecieron y 500 bebés fueron robados
El exmilitar Reynaldo Bignone, último presidente de facto de Argentina (1982-1983) y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, ha fallecido este miércoles a los 90 años, han confirmado desde la Secretaría General del Ejército, por complicaciones de una operación quirúrgica en la cadera en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde este martes.
En los últimos años se han dictado contra él varias condenas perpetuas por delitos contra la humanidad cometidos durante el régimen: robo de bebés, torturas, privaciones ilegales de la libertad y asociación ilícita figuraban en su historial.
Según los organismos de derechos humanos, hasta 1983 alrededor de 30.000 personas desaparecieron tras ser detenidas, secuestradas, torturadas y asesinadas por la dictadura. Además, unos 500 bebés nacidos en centros de detención fueron entregados por el régimen a familias ajenas.
Bignone le entregó en diciembre de 1983 el mando al primer jefe de Estado de la actual democracia, Raúl Alfonsín, después de que este ganase las elecciones realizadas dos meses antes tras siete años de dictadura (1976-1983).
El último dictador de Argentina
Nacido en la ciudad bonaerense de Morón en 1928, ingresó como cadete del Colegio Militar de la Nación en 1944 y, tras diversos ascensos, fue nombrado director del Colegio Militar de Buenos Aires, donde se realizaron misiones ilegales en la lucha contra los grupos guerrilleros.
Con el golpe militar de 1976 y la llegada al poder del teniente general Jorge Rafael Videla, se inició la etapa más oscura del país, en la que Bignone comenzó asumiendo el puesto de delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Bienestar Social hasta ser nombrado comandante de institutos militares.
Ya en 1982 se convirtió en el candidato idóneo para sustituir en la Presidencia al general Leopoldo Galtieri. De esta manera, tras su dimisión, Bignone asumió su puesto prometiendo restaurar la democracia en un país maltrecho económicamente y con cada vez mayor presión social por conocer el paradero de los desaparecidos. Si bien convocó a elecciones, también ordenó por decreto destruir toda la documentación sobre las detenciones, torturas y asesinatos.
Aunque en enero de 1984 fue el primer militar de la dictadura encarcelado, acusado de la desaparición y asesinato de soldados y por participar en la "guerra sucia" contra la subversión, Bignone fue liberado meses después por decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Ya en 2007, durante el Ejecutivo de Néstor Kirchner (2003-2007), la Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987, así como los indultos concedidos por el expresidente Carlos Menem (1989-1999) y Bignone fue detenido, acusado de violación de derechos humanos y responsabilidad en secuestros ilegales y homicidios.
En uno de los múltiples juicios que enfrentó, Bignone afirmó que en Argentina se desarrolló una "guerra irregular" en la que las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo" y cuestionó las cifras de desaparecidos y bebés apropiados ilegalmente.