El Tribunal Supremo se da hasta el día de la investidura para decidir sobre la libertad de Jordi Sànchez

• Llarena da cinco días a las partes para que informen sobre si debe darle permiso
• El Constitucional rechaza suspender la prisión preventiva del candidato de JxCat
• El TC no contempla su libertad porque ahora está en prisión por orden del Supremo
• El abogado de Sánchez estudia pedir a Estrasburgo que posibilite la investidura

Jordi Sànchez, en una imagen del pasado 16 de octubre de 2017, antes de ingresar en prisión.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no resolverá sobre la libertad del candidato a la investidura como presidente de la Generalitat Jordi Sànchez, casi con total seguridad, antes de que se celebre el pleno convocado para elegirlo, fijado para el lunes, 12 de marzo, porque ha dado un plazo de cinco días al fiscal y a la acción popular para que le informen sobre el asunto antes de decidir.

El juez, que instruye el caso sobre el "procés" a la Declaración Unilateral de Independencia, ha dado cinco días al fiscal y los abogados personados en este caso (las defensas y la acusación popular que ejerce el partido Vox) para que le informen sobre su opinión acerca de la petición de libertad que le ha hecho Sánchez. Un plazo que terminará el 12 de marzo, el mismo día en el que está convocado el pleno de investidura, a partir de las 10:00 horas.

El abogado de Sánchez, Jordi Pina, estudia sin embargo una vía para forzar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a pronunciarse antes del lunes sobre si permite a Sànchez salir de prisión para asistir a su investidura.

Aunque es cierto que la acusación popular ejercida por Vox y el fiscal podrían responder al juez antes del plazo fijado y eso podría hacer posible que hubiera resolución antes del día del pleno, lo cierto es que tal probabilidad es remota, porque las dos acusaciones pueden agotar el plazo. En otras palabras, la resolución del juez marca unos tiempos procesales propios.

Por otra parte, en la misma resolución, el magistrado da traslado a las partes para que se posicionen también sobre las últimas peticiones de libertad solicitadas por el exconsejero del Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

Jordi Sànchez, número dos de JxCat, designado candidato a la Presidencia de la Generalitat, que lleva cuatro meses en prisión preventiva, pidió en sendos escritos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que lo dejen libre o que al menos le permitan acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente", "sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas".

Tanto Llarena como el propio Supremo -a través de la Sala que estudia los recursos contra las decisiones de este magistrado- han reconocido el derecho a la participación política de Jordi Sànchez, pero han señalado la necesidad de encontrar fórmulas para respetarlo sin dañar los objetivos de la investigación penal. Por eso, Llarena señaló que tal derecho debe ser ejercido por delegación del voto mientras siga en prisión preventiva, de modo que le prohibió acudir al Parlament, además de denegarle su libertad provisional.

El Constitucional rechaza suspender la prisión preventiva

Y mientras el juez del Supremo retrasa su decisión, el Tribunal Constitucional (TC), dictado en octubre por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Se trata de una decisión que no resuelve el fondo del recurso de amparo que presentó Sànchez en noviembre, sino que se aplica sobre la petición de dejar en suspenso la prisión provisional. El recurso de amparo se resolverá en sentencia más adelante.

El que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), actualmente diputado electo de JxCat, y en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid), presentó un recurso de amparo contra la orden de prisión preventiva, al igual que Jordi Cuixart, y el Constitucional admitió a trámite ambos recursos el pasado 5 de febrero.

Aquella admisión no pone sobre la mesa del TC la posibilidad de ordenar la libertad de los afectados, porque ahora están en prisión por orden del juez competente de la investigación del "procés" en el Supremo, Pablo Llarena.

En todo caso, como Sànchez pidió la suspensión de la orden de la juez de la Audiencia Nacional, el TC abrió una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente la prisión y este miércoles ha rechazado dicha solicitud.

El candidato debe estar presente en la investidura

Según las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional, la investidura necesita de la presencia en el Parlament del candidato, razón por la cual Carles Puigdemont no pudo ser propuesto y acabó renunciando en favor de Sànchez, quien podría ver igualmente impedida su pretensión de acudir al Pleno.

Sànchez sostiene en su petición que si no se le permite salir se vulneran sus derechos como diputado del Parlamento de Cataluña y los derechos de los ciudadanos que votaron a la opción política que le propone como candidato a presidir la Generalitat, y se estarían causando "graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Cataluña".

Sin embargo, el Pleno del TC recuerda que es reiterada jurisprudencia constitucional no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque estas afecten al derecho fundamental a la libertad personal. Y consideran que la actual situación de prisión provisional responde a las decisiones adoptadas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, que no han sido recurridas en amparo y que, por lo tanto, no son objeto del recurso.

El Constitucional concluye que suspender la medida de prisión provisional sería igual que otorgar de forma anticipada el amparo al recurrente, por lo que el recurso quedaría vacío de contenido. Y en relación con las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el recurrente en su escrito, el tribunal recuerda que pueden "hacerse valer en la vía judicial ordinaria".

Su defensa estudia pedir a Estrasburgo que posibilite la investidura

El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, está estudiando pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que adopte de forma "urgente" medidas cautelares que hagan posible su investidura, en el pleno convocado para el próximo lunes, según han explicado diversas fuentes parlamentarias.

Pina se ha reunido esta tarde en el Parlament con el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, así como con la dirección del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), cuyo presidente es precisamente Jordi Sànchez, ahora en prisión preventiva.

Una de las opciones sobre la mesa, según han señalado las fuentes consultadas, consistiría en presentar una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo para proteger los derechos de Sànchez, diputado preso al que Torrent ha propuesto formalmente como candidato a la investidura tras la renuncia de Carles Puigdemont.

Además, Pina estudia una vía para forzar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a pronunciarse antes del lunes sobre si permite a Sànchez salir de prisión para asistir a su investidura.