Sànchez alega ante el Supremo que vulneraría la Constitución si le impide salir para su investidura
- Alega que si no le dejan salir, se vulnerará también el Estatut de Cataluña
- El pasado viernes el juez Llarena le denegó la salida y un permiso para la invesidura
La defensa de Jordi Sànchez ha recurrido al Supremo para que le permita acudir al Parlament para su investidura, alegando que de lo contrario el tribunal vulneraría la Constitución y el Estatut y limitaría "gravemente" la democracia y la autonomía catalana.
La defensa de Sànchez ha presentado un recurso ante la sala de lo penal de Tribunal Supremo en contra de la decisión del juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, que el pasado viernes le denegó la salida de prisión para acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña de Junts per Catalunya, tras el paso al lado de Carles Puigdemont.
Los abogados del candidato anunciaron inicialmente que este lunes solicitarían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, cautelarmente, permitiera salir a Sànchez de la cárcel para su investidura, pero a última hora de este domingo desistieron de esa iniciativa y decidieron presentar recurso de apelación al Supremo.
La negativa a conceder la libertad a Sànchez motivó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara 'sine die' el pleno convocado para este lunes a las 10.00 horas.
Pide que resuelva el recurso "con la mayor celeridad posible"
La defensa pide a la sala del Supremo que responda a su petición "con la mayor celeridad posible", teniendo en cuenta que el presidente del Parlament "no puede esperar indefinidamente a saber" si Sànchez podrá o no acudir al pleno, sobre todo después de que el Constitucional, "de manera ciertamente discutible", interpretara que la investidura debe ser presencial, cuando el candidato a la presidencia era Puigdemont.
Para los abogados, cualquier demora en la resolución de la petición de Sànchez puede suponer "la frustración irremediable" de sus legítimos derechos, "lo que sucederá si su candidatura se considera definitivamente decaída por el presidente del Parlament y éste decide dar paso a otros candidatos".
La denegación de Sànchez a acudir al Parlament para ser investido puede comportar, según la defensa, "graves lesiones de derechos fundamentales" y de artículos de la Constitución, entre ellos los de participación política, presunción de inocencia y expresión, y del Estatut de Autonomía, como el de inviolabilidad de los diputados.
En opinión de los letrados, la vulneración de los derechos de participación política tendría una dimensión, "tanto individual como colectiva, pues con ella se ve frustrada la voluntad de los más de dos millones de personas que el 21 de diciembre votaron a partidos políticos que eventualmente podrían dar apoyo a la candidatura" de Sànchez.
La defensa de Sànchez rebate el riesgo de reiteración delictiva
La defensa rebate los argumentos de Llarena, que consideró que excarcelar a Sànchez entraña el riesgo de reiteración delictiva, y le afea que base su afirmación en "intuiciones personales", sin citar "un solo dato que avale tal afirmación".
"¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sànchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?", prosigue el escrito, que apunta a que el candidato tampoco podría perpetrarla en su "alocución" a la cámara, teniendo en cuenta la "inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios".
El escrito, que firma el abogado Jordi Pina, reprocha a Llarena que deslice en su auto "consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes", al recordar, por ejemplo, que Sànchez ya estaba encarcelado cuando decidió presentarse a las elecciones.
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