Duterte retira a Filipinas de la Corte Penal Internacional por investigar su "guerra contra las drogas"

• El país se retira del Estatuto de Roma con efecto inmediato
• Un filipino ha denunciado a Duterte por las muertes de su lucha antidroga
• Duterte asegura que la Corte Internacional no tiene jurisdicción

Imagen de archivo del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este miércoles la retirada del país de la Corte Penal Internacional (CPI) por cuestionar su "guerra contra las drogas".

"Declaro e inmediatamente doy aviso, como presidente de la República de Filipinas, de que Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma" que vincula a los países miembros a la CPI, ha dicho Duterte en un documento divulgado en la prensa en Manila, y que será enviado a la sede del CPI en La Haya.

El anuncio se produce semanas después de que la Corte abriera una investigación preliminar de las posibles violaciones de derechos humanos en la "guerra contra las drogas" declarada por Duterte desde 2016, y que ha costado la vida a miles de personas.

Demanda de un filipino al CPI

La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino, que exigió juzgar a Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.

El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales y de hecho ya existe en ellos un proceso abierto.

En su escrito, el jefe de Estado acusa a la CPI de tratar de imponer su jurisdicción sobre él "en violación del debido proceso y la presunción de inocencia".

También señala a funcionarios de la ONU como autores de "ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes contra mi persona y mi administración".

La "guerra contra las drogas" de Duterte, que goza de un apoyo cercano al 90% entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles.

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos aseguran que la mayoría de las muertes son ejecuciones sumarias.

La Corte Penal Internacional cuenta con 123 miembros pero del que no forman parte potencias como EEUU, China o Rusia.