La ONU denuncia torturas a personas investigadas por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

• Al menos 34 detenidos sufrieron torturas, según un informe
• La Procuraduría General estaba al mando de las investigaciones

Fotografía de un mural con la imagen de los estudiantes desaparecidos en la Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en el municipio de Tixtla, estado de Guerrero (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Las fuerzas de seguridad mexicanas torturaron al menos a 34 personas detenidas durante las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así se desprende del informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado este jueves.

El informe, titulado "Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", examinó información sobre 63 individuos de un total de 129 personas investigadas en conexión con la desaparición de los estudiantes mexicanos.

El texto asegura que hay "fuertes evidencias" de que algunas de las personas detenidas en relación con la investigación de los estudiantes fueron "detenidas arbitrariamente y torturadas". En concreto, la investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 de ellas sufrieron torturas.

Asimismo, el texto denuncia que "a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas".

El texto subraya que se aplicó "un modus operandi casi uniforme" en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó "para extraer información o confesiones", así como en que se tardó mucho en presentar los sospechosos ante la Fiscalía, lo que provocó que estas personas estuvieran desprotegidas.

La Procuraduría General estaba al mando

El informe establece que los casos documentados de violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar después del 5 de octubre de 2014, "cuando la Oficina del Procurador General de la República [equivalente a la Fiscalía General del Estado] asumió la investigación de los fiscales del estado de Guerrero, donde las desapariciones sucedieron".

"Los arrestos fueron llevados a cabo por personal de la PGR de la Policía y de la Armada Mexicana", subraya el informe.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre policías corruptos arrestaron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.