Suiza afirma que "no hay base" para detener a Puigdemont en Ginebra y extraditarlo
- La Fiscalía pidió a Interior que consultara la posibilidad de detenerlo en su viaje
- Puigdemont estará en Ginebra este domingo participando en un acto
- Las medidas afectarían a Meritxell Serret, que lo acompañará, y a Anna Gabriel
El gobierno de Suiza ha asegurado este jueves que "no hay ninguna base" para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y la exconsejera Meritxell Serret si viajan a Ginebra para participar en varios actos públicos sobre la cuestión catalana, como tienen previsto hacer el próximo domingo 18 de marzo.
La Fiscalía General del Estado ha pedido al Ministerio del Interior español que consulte a Suiza sobre la posibilidad de detener y extraditar a Puigdemont, ante el anuncio del expresidente y Serret de que viajarán a ese país el domingo.
El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, ha recordado en declaraciones a Efe que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Supremo "retiró la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret. Esa decisión sigue vigente".
"Tampoco en el caso de Anna Gabriel se ha cursado aún una orden internacional de detención", ha recordado Galli sobre la dirigente de la CUP que huyó recientemente a Ginebra para evitar la acción de la justicia española.
"Por tanto no hay ninguna base para la detención de estas personas con vistas a una extradición a España", ha recalcado el portavoz de la entidad gubernamental.
Vía libre a los "discursos políticos" de Puigdemont en Suiza
Tanto Puigdemont como los exconsejeros que se fugaron con él en octubre de 2017 a Bélgica están acusados en España de los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
El Gobierno suizo recordó el miércoles que Puigdemont tiene el derecho de visitar Suiza y pronunciar "discursos políticos" en el país, siempre y cuando respete su ordenamiento jurídico.
En concreto, Puigdemont participará el domingo en una rueda de prensa y en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra, y el día 21 en un evento sobre la autodeterminación organizado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales.
Meritxell Serret, a su vez, figura en un panel el día 20 organizado por una asociación de tamiles con el título "Violaciones de Derechos Fundamentales en la Unión Europea (UE): El caso catalán", junto a Txell Bonet, pareja del exlíder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, evento que se celebrará al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Anna Gabriel por su parte, ha acudido en las últimas semanas a la sede europea de la ONU para observar el desarrollo del Consejo.
Llarena ha evitado pedir la extradición
El juez del Tribunal Supremo que lleva el caso, Pablo Llarena, ha evitado de momento poner en marcha un proceso de extradición con Suiza o con Bélgica.
La propia Fiscalía manifestó el pasado lunes que solo pedirá orden internacional de detención contra Puigdemont, los exconsejeros y Gabriel "una vez se haya dictado orden de procesamiento" contra ellos.
Estrasburgo no suspende las medidas del TC contra la investidura
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado suspender las medidas cautelares que impuso el Tribunal Constitucional el pasado 27 de enero para impedir una investidura no presencial de Puigdemont, rechazando dos solicitudes en las que ciudadanos catalanes le pedían que las suspendiera.
Las resoluciones del tribunal de Estrasburgo, a las que ha tenido acceso Europa Press, señalan que la petición de los dos particulares -Eulalia Camps Rosell y Daniel Rosés- están fuera del ámbito de aplicación del artículo 39 del Reglamento de la Corte europea.
El TEDH aplica medidas cautelares de forma muy excepcional y en la mayoría de los casos las concedidas se han referido a asuntos de paralización de expulsiones o extradiciones. Siguiendo esta doctrina, el tribunal europeo rechazó suspender la decisión del Tribunal Constitucional español en sendas resoluciones notificadas los pasados 8 y 23 de febrero.