El Gobierno rechaza la petición de la CNMC de quitar requisitos a las empresas como Uber o Cabify

• El regulador considera que las medidas perjudican a los usuarios
• El Ejecutivo estima, sin embargo, que no obstaculizan a la competencia

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante un encuentro con la prensa la pasada semana

El Gobierno ha rechazado este viernes, durante la reunión del Consejo de Ministros, anular los últimos requisitos aprobados para las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, tal como le había requerido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El conflicto se encamina ahora hacia el Tribunal Supremo.

En el requerimiento que la CNMC realizó al Gobierno hace unas semanas ya advertía de que, en caso de que no se atendiera, presentaría un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal en contra de las medidas, aprobadas por Real Decreto por el Gobierno a finales de diciembre de 2017.

La comisión pidió al Ministerio de Fomento, departamento que dirige Íñigo de la Serna, derogar las medidas por considerar que no están justificadas, obstaculizan la competencia y perjudican a los usuarios. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado la propuesta.

"Las medidas tratan de frenar un movimiento especulativo con las autorizaciones de transporte, recientemente desarrollado, que pone en peligro el desarrollo armónico de las distintas modalidades de transporte público de viajeros en vehículos de turismo", ha argumentado el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno estima que los requisitos "mejoran la eficacia del control del cumplimiento de las obligaciones legales de los VTC, simplificando el procedimiento a través de la utilización de medios informáticos", según han indicado en las referencias del consejo.

Segundo contencioso ante el Supremo

Las medidas objeto de discordia entre Fomento y la CNMC son las que prohíben a las empresas como Uber y Cabify vender las licencias de operador en los dos años siguientes a su consecución y les obliga a dejar constancia en un registro público de todos los servicios de transportes que realicen.

Se trata de iniciativas que ya han sido recurridas al Supremo por parte de Uber, compañía que además esta semana volvía a operar en Barcelona precisamente con un servicio de VTC.

El eventual recurso que la CNMC también presentará contra estos requisitos tras el rechazo del Gobierno a derogarlos se suma al que el 'superregulador' ya impuso en 2015 contra la última regulación del sector de los VTC, la que impuso el ratio por el que sólo se puede conceder una licencia de este tipo de transporte por cada treinta de taxi.

El nuevo recurso se interpondrá mientas el primero aún está pendiente de resolución, si bien ya se ha fijado una vista para el próximo 17 de abril.