El Defensor del Pueblo avisa del "enorme coste social" de la crisis y demanda "revisar las políticas sociales"

• Según recoge en el informe anual de 2017 que presenta en el Congreso y el Senado
• Pide cambiar las políticas redistributivas y volver a la "senda convergente" con la UE
• El malestar de los ciudadanos dispara las quejas al Defensor casi un 50%

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, alerta de que la crisis económica sufrida entre 2008 y 20015 sigue dejándose sentir en la sociedad española y afirma que ha provocado un "enorme coste social". A juicio de Fernández Marugán, la crisis ha separado al país "de la senda convergente con la UE", por lo que llama a todas las autoridades competentes a "cambiar las políticas redistributivas" poniendo la recuperación de la igualdad en "primer plano".

Así lo ha anunciado este lunes durante la presentación de su informe anual en el Congreso de los Diputados, en una recepción encabezada por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y antes de hacer lo mismo ante el presidente del Senado, Pío García Escudero.

En declaraciones a los medios, el Defensor ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos". Parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia son algunos de los colectivos que siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

Fernández Marugán ha apostado por "recuperar prácticas felices como la cultura del diálogo, la negociación y el pacto" porque ayudarán a resolver los problemas de desigualdad y de redistribución de las rentas. El Defensor ha advertido que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis no solo han generado esa desigualdad, sino que han dañado al entramado institucional y a la cohesión social. .

"Es un error creer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad", ha criticado. Para el Defensor del Pueblo se abre ahora una oportunidad "para revisar el funcionamiento de las políticas sociales" y que su mejora "incida en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas".

Casi un 50% más de quejas

El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el número de quejas al Defensor del Pueblo, que en 2017 tramitó 25.776 expedientes, un 48,17% más que el año anterior, entre las actuaciones de oficio (760), 40 solicitudes de recursos al Tribunal Constitucional de ciudadanos que creían que la institución debía llevar su caso ante los magistrados y 24.976 quejas individuales.

Tras entregar la Memoria 2017 de la Institución en las Cortes, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades, que están generando ese malestar en la ciudadanía, por lo que ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.

"La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".

Entre las quejas, en 2017 los ciudadanos protestaban especialmente por la tardanza y las dificultades que tenían sobre DNI y el carnet de conducir (6.008 quejas). Luego aparecen quejas "tradicionales" sobre función pública (4.417) y temas de justicia (3.395).

No obstante, Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.

Además, dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior