Italia inmoviliza el barco de Open Arms y acusa a la organización de promover la inmigración ilegal
- El capitán del barco, Marc Reig, ha sido detenido por la Policía italiana
- Open Arms ha denunciado amenazas por parte de los guardacostas libios
- Libia acusa a España de interferir en las operaciones y violar sus aguas territoriales
- SOS: Navidades al rescate
La Fiscalía de Catania ha ordenado este domingo la inmovilización del barco de la ONG española Proactiva Open Arms y la apertura de una investigación por un posible delito de "promoción de la migración ilegal" a Italia y de organización criminal tras desembarcar el sábado a 218 inmigrantes en el puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia, rescatados cuando se encontraban a la deriva en el Mar Mediterráneo.
Según la acusación, el barco español tendría "la voluntad de llevar inmigrantes a Italia" y habría "violado la ley y los acuerdos internacionales al no entregarlos a las autoridades libias". "De momento es una hipótesis de delito, ni siquiera hay una acusación oficial. Tenemos que estar a la espera, de ver cómo siguen los acontecimientos", ha asegurado Laura Lanuza, portavoz de Proactiva a RNE.
Delitos con penas de entre 4 y 12 años de cárcel
La abogada de la ONG española, Rosa Emanuela Lo Faro, ha confirmado a Efe que, además, se está investigando al comandante del barco, Mark Reig, a la coordinadora de la misión, Anabel Montes, y a una tercera persona responsable de la ONG por los delitos de asociación criminal para fomentar la inmigración ilegal con el agravante de "obtener beneficio de ello", que están castigados con penas de reclusión de cuatro a doce años, según el Código Penal italiano.
Lo Faro ha explicado que esas acusaciones se han formulado por la negativa de los cooperantes españoles a entregar a la Guardia costera libia a un grupo de inmigrantes que había rescatado.
La abogada ha señalado que es una "hipótesis de delito gravísima" y ha denunciado el procedimiento con el que se han conseguido las informaciones y la declaración espontánea del comandante, porque "no se han realizado según las normas previstas por el procedimiento penal".
La letrada ha indicado que, durante la declaración del comandante y las otras personas, "no se les comunicó el delito por el que después se les acusaría" y que dicha declaración "se hizo sin defensor".
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, Alfonso Dastis, ha asegurado este lunes que el Gobierno está trabajando en este caso con responsables de la ONG para "aclarar los extremos de las acusaciones e intentar despejar cualquier problema que haya".
Preguntado por si el Gobierno entiende que hay una justificación que explique que se haya retenido al barco, Dastis ha afirmado -en declaraciones recogidas por Europa Press- que el Ejecutivo "no entiende nada" hasta que no se aclare "de qué se les acusa y cuál es la justificación para esas acusaciones".
Rescate de más de 200 migrantes en el Mediterráneo
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo, cuando tuvo lugar el rescate a unas 73 millas de la costa Libia, según relató el fundador de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, en la red social Twitter.
El barco pudo seguir navegando con los migrantes a bordo, pero no pudo desembarcarlos hasta este sábado debido a la reticencia de las autoridades italianas a concederles un puerto en el que atracar.
"Desde el momento que tocamos puerto el sábado por la mañana nos pideron interrogar a la jefa de misión y al capitán por una cuestión rutinaria, porque habían ocurrido hechos anómalos y poco habituales en las tareas de rescate, como en otras ocasiones. A partir de ahí pidieron imágenes y todo tipo de material", ha afirmado Lanuza a RNE, quien ha destacado la colaboración con la polícia italiana.
No entregaron a las personas rescatadas a las autoridades libias
Lanuza no ha especificado estos hechos pero, según el fundador de la ONG, lo que ha pasado es la negativa de Proactiva a "entregar a los libios las personas rescatadas, según dice el protocolo europeo".
Los periodistas que participaban en la travesía denunciaron amenazas por parte de los guardacostas libios, que impidieron que la mayoría de los inmigrantes pudieran acercarse al barco español, señala Efe.
En un comunicado al que tuvo acceso Efe el sábado, la autoridad marítima libia acusó por su parte a la organización humanitaria española y a las demás que trabajan en el rescate de personas en Libia de interferir en las operaciones y de violar sus aguas territoriales, pese a que éstas operan más allá de las 25 millas correspondientes.
Según el diario La Reppublica, la Policía italiana se presentó el domingo por la tarde en el barco y exigió la documentación del mismo a su capitán, Marc Reig, quien a su vez exigió una orden judicial, por lo que fue invitado a acompañarles a comisaría junto a la jefa de misión de la ONG, Anabel Montes.
“La retención del barco es lo peor que nos puede pasar“
Posteriormente, Reig fue detenido, según dijo su abogada, Rosa Emanuela Lo Faro, a la edición siciliana del citado periódico. "El decreto ley 286 de 1998 dice claramente que no comete delito quien rescata a personas", ha argumentado Lo Faro, en declaraciones recogidas por Europa Press.
"(Que el barco este retenido) es lo peor que nos puede pasar. Significa dejar un barco de salvamento fuera del mar y hay cientos, miles de vidas en juego en el mar cada día", ha dicho Lanuza en RNE, quien ha asegurado que las barcas en las que van los migrantes "bien pueden desaparecer, bien pueden ser capturadas" por los guardacostas libios. En este caso las personas son llevadas "de vuelta al infierno de Libia, del que huían".
Los migrantes quieren evitar a las autoridades libias
Grupos de defensa de los derechos humanos denuncian los supuestos vínculos entre la Guardia Costera libia y las mafias que trafican con seres humanos en Libia, ya que aseguran que estas últimas avisan a los militares de la salida, y que incluso antiguos contrabandistas están ahora al mando de las patrulleras.
Migrantes llegados a las costas de Europa aseguran, por su parte, que no desean ser rescatados por las autoridades libias, ya que su destino son centros de detención y cárceles en malas condiciones en los que, denuncian, se comenten abusos.
Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el bastión principal de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de las patrulleras europeas.
Según datos de esta Organización Internacional de las Migraciones (OIM), organismo vinculado a la ONU, más de 171.635 inmigrantes irregulares lograron cruzar a Europa en 2017, mientras que 3.116 desaparecieron en el mar. Solo en el primer mes de 2018, más de 5.900 han logrado llegar a las playas y más de 318 han perecido en el intento.