La ONU acusa a Turquía de abusos y torturas tras el estado de emergencia declarado por el golpe fallido

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogán, habla en la Asamblea Nacional en Ankara

Las prórrogas rutinarias del estado de emergencia en Turquía a raíz del intento de golpe de Estado en julio de 2016 han llevado a "profundas violaciones de los derechos humanos" contra cientos de miles de personas, desde detenciones arbitrarias a torturas y otros abusos de los derechos fundamentales.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha publicado este martes un informe en el que denuncia violaciones de derechos por parte de Turquía como la privación arbitraria del derecho al trabajo y la libertad de circulación, la tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias e infracciones del derecho a la libertad de asociación y expresión.

El informe, que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017,  documenta el uso de la tortura y los malos tratos bajo custodia, incluidos palizas severas, amenazas de asalto sexual y asalto sexual real,  descargas eléctricas y ahogamientos simulados por la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.

Fracasa el intento golpista en Turquía con 161 muertos y casi 3.000 detenidos

Terrorismo y asonada, un escenario "complejo"

El análisis reconoce los "complejos desafíos" de Turquía ante el fallido golpe de Estado en 2016 y una serie de atentados terroristas, pero recalca que el "gran número, la frecuencia y la falta de conexión de varios decretos ante cualquier amenaza nacional parecen (...) apuntar al uso de poderes de emergencia para sofocar cualquier forma de crítica o disidencia frente al Gobierno".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra'ad al Hussein, recalcó en un comunicado que fueron arrestadas "casi 160.000 personas durante un período de 18 meses".

Señaló que fueron despedidos 152.000 funcionarios, muchos de manera "totalmente arbitraria", detenidos o procesados maestros, jueces y abogados, arrestados alrededor de 300 periodistas, cerrados medios de comunicación y bloqueados más de 100.000 sitios web.

Claramente, dijo Zeid, el estado de emergencia "se ha utilizado para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de una cantidad muy importante de personas".

El jordano se mostró además alarmado por "cómo las autoridades turcas detuvieron a unas cien mujeres que estaban embarazadas o acababan de dar a luz, en su mayoría con el argumento de que eran 'asociadas' de sus maridos, de quienes se sospecha estar conectados con organizaciones terroristas".

"Algunas fueron detenidas con sus hijos y otras separadas violentamente de ellos. Esto es simplemente escandaloso, absolutamente cruel y no tiene nada que ver con hacer el país más seguro", recalcó Zeid.

La ONU calcula que unas 600 mujeres con niños pequeños estaban detenidas a finales de diciembre pasado en Turquía.

Represión a todos los niveles

El documento recoge testimonios de varias personas que fueron despedidas de su trabajos por presuntos vínculos con el movimiento del predicador turco en el exilio Fethullah Gülen, al que Ankara acusa del fallido golpe, por utilizar aplicaciones de mensajería específicas o por sus contactos en redes sociales.

Pero, agrega, muchas de las personas arrestadas "no fueron provistas de pruebas específicas contra ellos y desconocían las investigaciones contra ellos."

También apunta a "continuas denuncias de violaciones de derechos humanos" en el sureste de Turquía, habitado principalmente por kurdos, "que incluyen asesinatos, torturas, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, prevención del acceso a la atención médica de emergencia, agua potable y medios de subsistencia, y severas restricciones a la libertad de expresión".

El informe se basa en la información reunida y verificada a través de entrevistas con 104 víctimas, testigos y familiares de afectados; análisis de información gubernamental; así como documentos de fuente abierta, imágenes de satélite y material audiovisual, entre otros materiales confiables, explica la ONU.