La Fiscalía pide más pena para Urdangarin y Torres por haber sido el "motor" del delito en Nóos
- Urdangarin pide la absolución tras la condena de la "sociedad" y los "medios"
- La Fiscalía pide aumentar la pena de Urdangarin de 6 años y 3 meses a 10 años
- Alega que el marido de la infanta y Torres fueron "instigadores" de la corrupción
La fiscal de Tribunal Supremo Ángeles Garrido ha defendido este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres por considerarles "instigadores" y "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos. Para el marido de la infanta Cristina ha solicitado que se incremente la condena inicial de seis años y tres meses de prisión hasta los diez años.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra este miércoles una vista pública para escuchar los argumentos presentados de la Fiscalía y las defensas de varios de los condenados en el caso Nóos. Entre los recurrentes figuran la Fiscalía, la Abogacía del Estado, los propios Urdangarin y Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas.
En concreto, en su defensa de su recurso, la fiscal ha explicado que ambos fueron el "motor" de los delitos que se juzgaron y que también se concertaron con empleados públicos en la Comunidad Valenciana para conseguir convenios y ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes.
En relación a la trama valenciana, ha explicado que "en la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación en los convenios públicos para que Nóos organizara las cumbres Valencia Summit.
Urdangarin pide su absolución
Por su parte, la defensa de Urdangarín ha solicitado la libre absolución de su cliente. Entre otros argumentos, ha señalado que si hubo influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por su fundación con la administración autonómica ésta sería en todo caso "impune por atípica", es decir que no sería delito.
"Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación", ha señalado el abogado Mario Pascual Vives ante los cinco magistrados que integran la sala de casación.
En su intervención, la defensa del exduque ha reprochado a las acusaciones la "absoluta falta de definición" sobre cuál es la cuota tributaria que se debe imputar a Urdangarin por los delitos fiscales a los que fue condenado, ya que en sentencia se fijó una cantidad -de 129.000 euros, sólo 9.000 por encima de la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito-, y este miércoles se pretende que la cantidad sea otra.
En cuanto a las condenas por malversación, la defensa se ha preguntado por qué se le ha condenado por los contratos de patrocinio que realizó para los foros deportivos celebrados en Baleares -por más de dos millones de euros- y se le absolvió en lo referente a los contratos similares firmados en la Comunidad Valenciana.
El abogado de Diego Torres, por su parte, ha pedido la anulación de la condena para su cliente y la esposa de este, Ana María Tejeiro, asegurando que "todas las tesis de las acusaciones particulares carecen del más elemental de los soportes", dado que en 2016 la Fiscalía, en nombre de todas las acusaciones particulares, dieron por buenas una serie de facturas que aportó el exsocio de Urdangarin y que, según ha dicho, probarían que no hubo delito.
Torres fue condenado a ocho años y medio y la fiscal reclama una condena total de 12 años y cuatro meses al considerar que, como Urdangarin, cometió un delito de malversación con los foros que organizó para el Govern balear.
En cuanto a Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de cárcel, su abogado ha centrado gran parte de su exposición en las declaraciones del exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, recalcando que son "contradictorias" porque ha ofrecido dos versiones distintas durante la instrucción del caso y en la vista oral.
Las abogacías públicas piden mayores penas
La abogada de la Comunidad Autónoma de Baleares ha defendido que "hay malversación en todos los negocios que se concluyeron con el señor Urdangarin y Torres y su entramado" en las islas, en los que el expresidente Matas actuó "extramuros" al consentir el delito. Para Matas piden elevar en un año su pena, hasta los cuatro años y ocho meses de cárcel.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Valenciana ha reprochado que la sentencia vulnere "el derecho a la igualdad" puesto que "con convenios iguales llega a conclusiones distintas y en Valencia considera que no hay delitos y en Baleares sí" y reclama que la "sentencia no puede minusvalorar la esencia de los hechos". La Audiencia Provincial de Palma absolvió a los cinco acusados de la rama valenciana de Nóos, entre ellos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, mientras que condenó a los encausados de la balear, que en el juicio admitieron los delitos que les atribuían.
La Abogacía del Estado ha pedido que se practique "una nueva liquidación que eleve las cuotas pertinentes" en relación al fraude fiscal cometido por Urdangarin y Torres y que "no se admitan las facturas que no tienen relación económica" con el marido de la infanta Cristina. La letrada Dolores Ripoll considera que "la pena debería elevarse", en el caso de Urdangarin en diez meses más de prisión.
Manos Limpias insiste en la responsabilidad de la infanta
Por su parte, la acusación popular de Manos Limpias, la única que acusó a la infanta Cristina en el caso Nóos, ha insistido en que la hermana del actual rey participó en los delitos fiscales de su marido. Sin embargo, Cristina de Borbón resultó absuelta por la Audiencia Provincial de Palma y esta decisión es firme, por lo que la valoración de Manos Limpias no será objeto del alto tribunal.
En todo caso, el abogado de este sindicato, José María Bueno, ha defendido que su acusación contra la infanta Cristina no era "baladí" ni "infundada", como refirió la sentencia de la Audiencia de Palma, y que existió en el procedimiento "material probatorio" contra ella. La acusación popular ha pedido que se le absuelva del pago de las costas del juicio. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, fue procesado por delitos de extorsión, uno de ellos relacionado precisamente con la acusación de la infanta Cristina.
A esto, el abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha reprochado que Manos Limpias quisiera "lesionar la dignidad de su alteza real" y procurarle "un daño mediático, como así consiguió", y les ha acusado de "mala fe procesal", calificando la petición de pena que hicieron de "absolutamente temeraria", "desproporcionada" e "inédita" en una acusación de cooperación al delito fiscal.
Condena a Urdangarin
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
No obstante, la pena impuesta fue bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
Se impusieron condenas a siete de los 17 acusados, si bien se rebajaron notablemente las penas que inicialmente pedía el Ministerio Público, en algunos casos por absolución de los delitos y en otros en aplicación de circunstancias atenuantes por reparación del daño causado.
La Audiencia Provincial de Palma decidió dejar a Urdangarin en libertad con la única medida cautelar de tener que presentarse en el juzgado una vez al mes y le permitió seguir residiendo en Suiza. Además, está obligado a comunicar si sale de la Unión Europea. Si la decisión del Supremo le es adversa tendrá que ingresar en prisión.