El juez procesa a 13 investigados por rebelión, incluidos Puigdemont, Turull, Junqueras y Rovira

• Siete exconsellers, Forcadell y 'los Jordis', también procesados por rebelión
• 25 de los 28 investigados son encausados; quedan fuera Mas, Pascal y Lloveras
• Llarena cree que los soberanistas volverán al plan de ruptura al terminar el 155
• Prisión para Turull, Romeva, Forcadell, Rull y Bassa tras la huida a Suiza de Rovira
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El juez procesa a 13 investigados por rebelión, incluidos Puigdemont, Turull, Junqueras y Rovira

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado un auto de procesamiento (pdf.) por delito de rebelión a 13 de los 28 investigados por su participación en el denominado 'procés' para la independencia de Cataluña, incluidos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bruselas; el exvicepresidente Oriol Junqueras, en prisión preventiva; el actual candidato a la investidura, Jordi Turull, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que este mismo viernes ha huido de España. [LISTA DE PROCESADOS (pdf.)]

También están encausados por rebelión- penado con más de 30 años de cárcel- los exconsellers Joaquím Forn, en prisión preventiva, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Antoni Comín (los dos últimos, huidos); además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exlíder de la ANC y excandidato a president, Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Puigdemont, Junqueras y estos siete exconsellers están también procesados por malversación, además del delito más grave de rebelión.

Políticos independentistas catalanes procesados por rebelión por el Tribunal Supremo. RTVE.es

Por malversación y desobediencia el juez procesa a otros cinco exmiembros del Govern: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vidal y Meritxell Serret. Asimismo, encausa solo por desobediencia a cinco miembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya y a Anna Gabriel, ambas de la CUP.

Políticos independentistas catalanes procesados por desobediencia por el Tribunal Supremo. RTVE.es

El juez no procesa a Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras

En total, de la casi treintena de imputados, el juez procesa a 25 y deja fuera del auto al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Políticos independentistas catalanes no procesados por el Tribunal Supremo RTVE.es

El juez ha fijado una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidiariamente por los 14 miembros del Gobierno catalán procesados, una cuantía que se ha establecido sumando los 1,6 millones de euros, que el magistrado señala como montante que hubo que emplearse para sufragar el referéndum del 1-O, más el tercio de ese importe que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas, según comunica el Supremo.

Llarena concluye que la causa que ha investigado “hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país”.

[LAS DIEZ CLAVES DEL AUTO DE PROCESAMIENTO]

Llarena cree que los soberanistas volverán al plan de ruptura al terminar el 155

El juez sospecha, y así lo refleja en su auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, que la estrategia de ruptura del soberanismo no ha terminado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que se encuentra "latente y pendiente de reanudación" cuando se recupere "el pleno control" de las competencias autonómicas.

El magistrado expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, "la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal". Y que sería el mantenimiento de la movilización ciudadana lo que "terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".

Argumenta el juez en su auto de procesamiento que Puigdemont, Junqueras y Forn fueron advertidos en la reunión de coordinación policial sobre el referéndum del 1-O del "grave riesgo" de "incidentes violentos" el día de la consulta. "Conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum y llamaron a la población a la movilización", reza el auto.

El juez vuelve a centrar parte de su argumentación en el asedio a la Consejería de Economía, que compara con una "toma de rehenes".

Turull "impulsó" la movilización desde sus funciones de portavoz

En relación a Turull, que está en el Tribunal Supremo a la espera de que el juez le mantenga en libertad provisional o dicte de nuevo prisión preventiva, tal y como pide la Fiscalía, el auto señala que "impulsó la movilización desde sus funciones de portavoz del Gobierno de la Generalitat". Señala también que "gestionó y diseñó" la inserción publicitaria del referéndum y coordinó las infraestructuras informáticas para la votación y el reclutamiento de voluntarios.

Horas después de que el exconseller de Presidencia no obtuviera los apoyos para ser investido en la primera votación, al decidir abstenerse los cuatro diputados de la CUP, y de que pronunciara un discurso sin alusiones a la independencia ni a la república catalana, Turull se enfrenta a una vistilla judicial clave para su futuro y el de Cataluña. En caso de ser encarcelado, la segunda y definitiva votación de la sesión de investidura, prevista para este sábado, queda en el aire.

No ha acudido la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha decidido marcharse de España, según ha comunicado ella misma en una carta a la militancia. "El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política", afirma Rovira en esa misiva.

En el auto de procesamiento, el juez dice que Rovira tuvo una "participación esecial en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación".

Con respecto a Forcadell, detalla su participación "medular" desde los comienzos del proceso independentista como presidenta de la ANC. Después, como presidenta del Parlament, tramitó la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del TC, según el auto.

Detalla también la intervención del exconsejero de Exteriores Raül Romeva, por impulsar la creación de estructuras del Estado y favorecer el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat. Además, le considera responsable del proyecto para posibilitar votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero y asumir la atención a observadores internacionales. En cuanto a Comín y Bassa, les acusa de asumir el control de los locales dependientes de sus respectivas consejerías para el referéndum.

Los mismos delitos atribuye a la también huida Ponsatí, a quien acusa de asumir el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su consejería para el referéndum.

A Rull le atribuye las mismas conductas penales por participar en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista. Tras el referéndum ilegal impidió que un ferry destinado a acoger a policías atracase en el Puerto de Palamós.