La Fiscalía de Bruselas no ve riesgo de fuga en Comín, Puig y Serret
- El Ministerio Público confirma que está en contacto con sus abogados
- "No buscan activamente" a los exconsejeros al considerar que no van a huir
- Bélgica solicita más información a España sobre las euroórdenes
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La Fiscalía de Bruselas ha informado este lunes de que está en contacto con los abogados de los exconsejeros catalanes huidos a Bélgica (Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) y considera que no hay riesgo de fuga, por lo que no les está buscando activamente.
El Ministerio Público ha confirmado en un comunicado que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les han transmitido que "sus clientes están a disposición de la justicia belga".
"Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, la señora Serret, y los señores Comín y Puig no son buscados activamente", han añadido.
Bruselas solicita información a España
La Fiscalía de Bruselas ha indicado que ha pedido "informaciones complementarias" a las autoridades judiciales españolas sobre las euroórdenes de detención a través de Eurojust (el organismo de cooperación judicial de la Unión Europea) pero no ha precisado de qué informaciones concretas se trata ni de los próximos pasos en el procedimiento.
Además, ha informado de que los exconsejeros no han comparecido todavía ante un juez de instrucción belga, aunque "es posible que este sea el caso en el futuro próximo", si bien ha rehusado "anticipar" cómo seguirá el procedimiento.
Según ha recordado la Fiscalía, el proceso no es la continuación del abierto en noviembre por la Audiencia Nacional, sino uno nuevo basado en las euroórdenes emitidas el viernes por el Tribunal Supremo.
Una vez que la Fiscalía reciba la información que ha solicitado a España, podría pedir la comparecencia de Comí, Serret y Puig, que deberán presentarse ante la Policía belga en un plazo máximo de 24 horas.
A partir de ahí y según el procedimiento que rige las euroórdenes, la Justicia belga tendrá en total un máximo de 60 días desde el arresto para decidir si acepta o deniega su extradición a España, proceso que puede prolongarse hasta los 90 días en casos excepcionales.