Un juez italiano retiene el barco de Open Arms y acusa a la ONG de favorecer la inmigración ilegal

• Ese delito está castigado con tres años de reclusión y 15.000 euros de multa
• Por contra, el magistrado desestima el delito de organización criminal

El juzgado italiano considera que no existe el delito de asociación criminal

Un juez instructor de Catania (en la isla italiana de Sicilia) ha confirmado este martes la incautación del barco de la ONG española Proactiva Open Arms, a la que acusa de favorecer de la inmigración ilegal, aunque desestima el delito de organización criminal que le habían atribuido en una primera denuncia.

En un auto, el juez Nunzio Sarpietro ha considerado que no existe asociación criminal, por lo que la investigación continúa respecto al otro delito, un proceso pasa a manos de la Fiscalía de Ragusa, según ha informado el abogado de la ONG, Alessandro Gamberini.

El barco de la ONG fue incautado el pasado 17 de marzo tras atracar en el puerto de Pozzallo (Sicilia) para desembarcar a 216 inmigrantes y se abrió una investigación a la jefa de misión, Anabel Montes, el capitán, Mark Reig y a un responsable de la organización.

Ahora la Fiscalía de Ragusa tendrá que examinar de nuevo el caso y decidir si pide una nueva orden de inmovilización cautelar del barco en los próximos 20 días o, en caso contrario, decaería la incautación vigente.

"Se trata de un importante resultado que devuelve el caso a una investigación ordinaria sobre inmigrantes", ha afirmado Gamberini, quien ha destacado que "es importante que un juez haya negado la seriedad de una acusación de asociación criminal".

"Las acusaciones no son demostrables"

Según Gamberini ahora se tendrá que esperar a ver cómo siguen las investigaciones de la fiscalía de Ragusa, pero se ha mostrado "completamente confiado en poder demostrar que las acusaciones no son demostrables".

El abogado ha explicado que para cualquier investigación de carácter penal no pasa menos de un año, pero los investigados pueden regresar a España o quedarse en Italia, como ellos prefieran.

El delito de favorecimiento de la inmigración ilegal tiene aparejada una pena de un máximo tres años de reclusión y 15.000 euros de sanción.

Amenazas de muerte de los libios

La investigación se refiere al último rescate, durante el cual la ONG se negó a entregar a los 218 inmigrantes salvados a una patrulla de la Guardia Costera libia que apareció después en la zona.

Ante la negativa, según algunos vídeos que ha difundido la ONG, se escuchan las amenazas de muerte de los libios.

El coordinador de Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, ha afirmado este lunes en una rueda de prensa que en el barco recibieron una llamada que se les advertía de que Libia "tomaba la coordinación de la operación" y ha añadido que "era la primera vez que escuchamos que los libios coordinan un rescate".

Los cooperantes esperaron hasta 24 horas, y tuvieron incluso que pedir a Malta la evacuación de una madre y un bebé en estado grave, hasta que se les autorizó atracar en un puerto italiano.

Frontex cierra filas con Italia

El director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, ha cerrado filas este martes con las autoridades italianas frente a la ONG Proactiva Open Arms y ha defendido el cumplimiento de su Código de Conducta.

"Estas son las directrices a las que muy probablemente hay que referirse en lo que respecta a la cooperación entre las ONG y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", ha agregado.

El director ejecutivo de Frontex ha admitido que la zona de búsqueda y rescate libia "no se puede dar por hecha" dado que se declaró de forma "unilateral" en el verano de 2017 y ha admitido que no hay contactos para operaciones de búsqueda y rescate entre las autoridades libias y Frontex.

"No hay ningún desembarco en países que no son de la UE. No hay desembarcos en Libia, en Túnez o en otros países fuera de la UE", ha asegurado Leggeri.