La ONU registra la demanda de Puigdemont contra la vulneración de sus derechos políticos

• Está en prisión preventiva en Alemania hasta resolver su extradición
• Naciones Unidas también admitió una demanda similar de Sànchez
• Da un plazo de seis meses a España para aportar observaciones e información

Manifestación en apoyo de Puigdemont en Barcelona.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha registrado la demanda contra España presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont, en prisión provisional en Alemania, por la vulneración de sus derechos políticos en España.

Según ha confirmado a Efe una de las portavoces del servicio de comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julia Gronnevet, el registro no implica que haya sido admitida a trámite, dado que este proceso puede durar entre dos y cinco años. Ha subrayado que quedan tres pasos del proceso de evaluación de la admisibilidad.

La abogada de Puigdemont, Rachel Lindon, presentó el pasado 1 de marzo una demanda ante el Comité, el órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte.

La demanda alega que España "ha violado sus obligaciones" como Estado parte de dicha Convención "por haber impuesto restricciones desproporcionadas e injustificadas al ejercicio a los derechos políticos" de Puigdemont.

La ONU da seis meses a España para contestar

El Comité ha informado a España del registro de la queja, y ahora el país tiene seis meses para contestar. Una vez que España haya respondido a la demanda, el Comité transmitirá las alegaciones a la abogada de Puigdemont y ambos, el demandante (el expresidente catalán) y el demandado (España), podrán hacer comentarios al respecto.

Una vez que todas las partes hayan concluido con sus observaciones, proceso que puede durar meses, el Comité -formado por expertos independientes en derechos humanos- se reunirá a evaluar la posible admisión de la demanda.

No obstante, el estudio no es automático, dado que el Comité tiene otros casos que analizar, por lo que "el proceso puede demorarse entre dos y cinco años", explicó a Efe Gronnevet.

Una vez el Comité haya tomado una decisión sobre la admisión o no de la queja, se anunciará si el caso se abandona o si se prosigue con el estudio del contenido de la demanda.

En algunos casos extremos, el Comité puede pedir al Estado parte que adopte "medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la supuesta víctima", como la ejecución o la deportación, aunque esta petición no tiene relación con la conclusión surgida de la evaluación de fondo.

Si al término de todo el procedimiento un Estado es encontrado culpable, el Comité le pide que ponga remedio a la violación. No obstante, la decisión no es vinculante y el Estado puede elegir cumplir o no.

Esta decisión se suma a la admisión la semana pasada por la ONU de la denuncia similar del excandidato a la investidura Jordi Sànchez con el mismo argumento y por la que que el órgano internacional, además, avisó a España, como medida cautelar, de que tenía que "garantizar el derecho político" del aún diputado de Junts per Catalunya. Precisamente esta decisión ha hecho cambiar de posición a Sànchez, que iba a renunciar a su escaño, y finalmente, además de no hacerlo, se vuelve a postular como candidato a la investidura.

En el caso de Puigdemont, la admisión a trámite especifica que no se adoptan medidas cautelares como en el caso de Sànchez y emplaza al expresidente catalán a indicar "qué tipo de medidas" quiere exigir a España en caso de que finalmente se concluya que sus derechos han sido vulnerados.