El Gobierno venezolano pide a la Fiscalía que investigue las 68 muertes en el incendio de una comisaría

• Crea un equipo para buscar responsables y ayudar a las familias afectadas
• Rechaza las declaraciones de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos

Un joven llora sobre el ataúd de una de las personas que falleció en el incendio de una comisaría.

El gobierno venezolano ha pedido al Ministerio Público (MP) que inicie una investigación sobre las 68 muertes del pasado miércoles en un incendio en una comisaría en el estado Carabobo (centro) y ha anunciado la creación de un equipo multidisciplinario para ello.

El objetivo es averiguar "la verdad" de los hechos y determinar "las eventuales responsabilidades a las que haya lugar", así como "la aplicación implacable y firme de la justicia", señala un comunicado de la Cancillería con fecha del jueves que se ha dado a conocer este viernes.

El equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios, por otro lado, se orientarán a "la protección integral a cada una de las familias afectadas" y a la atención a los heridos, a la vez que "se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución", según el comunicado.

Rechaza las declaraciones de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos

El Gobierno "hace llegar sus sentidas palabras de condolencia a los familiares y allegados de cada una de las personas fallecidas en este lamentable hecho" y "rechaza categóricamente las precipitadas y desproporcionales (sic) declaraciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

Esta oficina se ha declarado "horrorizada" por el suceso en el que murieron 68 personas en los calabozos de esta comisaría de Valencia, capital del estado Carabobo, y ha pedido a las autoridades que se respete el derecho de las familias a obtener información correcta sobre lo ocurrido.

Para Venezuela, con su posicionamiento, este organismo actúa de manera "tendenciosa" y con prejuicios, sin "requerir información oficial al Estado" sobre el suceso, lo que "constituye una agresión" contra el país y un "uso grosero e infame del tema de los derechos humanos".

Venezuela "ratifica su compromiso con la actuación justa y en estricto apego a la verdad y a la protección integral de las víctimas, como ha sido siempre, y a las garantías constitucionales y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como estado democrático y social, de Derecho y de Justicia", finaliza el documento.

Según el fiscal general, Tarek Saab, 66 hombre y dos mujeres que estaban de visitan en los calabozos, fallecieron en un "presunto incendio" del que no especificó los motivos, pero que diversos medios locales y ONG achacan a un motín.