Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Castor

• El Gobierno se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años
• Las entidades solicitan que se haga en los mismos términos y condiciones
• Su actividad fue suspendida en septiembre de 2013 tras varios seísmos en la zona

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la inyección de gas en el almacén tras registrarse varios seísmos en la zona

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia han reclamado al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados". Las tres entidades han ofrecido al Ejecutivo hacer la devolución de forma flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado.

Las tres entidades han formulado este viernes ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución del dinero aportado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, al entender que no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien les ha financiado. Si no fuese así, han argumentado, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.

Ofrecen que se devuelva el dinero de modo gradual

Las tres entidades han ofrecido que el Estado devuelva el dinero de modo gradual en los mismos términos y condiciones previstas de tipo de interés y plazo, y no de forma inminente.

Recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.

El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, "hibernó" la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria.

De ese modo se podía indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones con cargo al sistema gasista, es decir, a través de la factura del gas, lo que el Constitucional anuló parcialmente a finales de 2017. Tras esta decisión, se dejaron de abonar los pagos a Enagás por mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro.

Una situación "ciertamente anómala" para los bancos

Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación "ciertamente anómala", ha advertido los bancos.

La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley.

Sin embargo, a pesar de estos dos hechos, el Ejecutivo entiende que la deuda que tenía el Estado con la concesionaria está pagada y cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar, de uno u otro modo, a Santander, CaixaBank y Bankia.

El Gobierno "aún no ha podido estudiar la reclamación"

Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha señalado, tras conocer la noticia, que "aún no ha podido estudiar la reclamación" presentada por las entidades financieras.

Por tanto, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal no procederá a la valorar la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por Santander, CaixaBank y Bankia hasta que lleve a cabo su estudio.

El Ministerio "no tiene constancia de los argumentos en los que se basaría la reclamación", por lo que "hasta que no se estudie no podrá proceder a su valoración", han indicado las mismas fuentes.